Un informe revela que los asesinatos de
ecologistas no dejan de subir. América Latina y Asia concentran la mayoría de
las 908 muertes. Solo ha habido 10 condenas
Han pasado más de 25 años de la muerte de Chico Mendes, el
humilde cauchero que se convirtió en símbolo internacional de la defensa del
medio ambiente. Y Brasil, el país donde fue asesinado por intentar que los
especuladores no destrozaran la Amazonia, sigue siendo el lugar más peligroso
del mundo para los activistas del ecologismo. Lo afirma un informe de la ONGGlobal Witness, presentado ayer, que ha recopilado los asesinatos de defensores
del medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013. Su conclusión es
demoledora: el número de muertes no deja de crecer. De las 908 que ha podido
documentar esta organización en 35 países, 448 se produjeron en Brasil.
En 2002 se registraron 51 asesinatos. En 2012, el peor de la
serie, fueron 147. Los autores del informe reconocen que la información es
escasa y seguramente sus datos solo muestren la punta del iceberg. Afirman, por
ejemplo, que es muy probable que países africanos como Nigeria, la República
Democrática del Congo, la República Centroafricana o Zimbabue también se estén
viendo afectados, pero su metodología de trabajo —basada en documentación
fiable y en la verificación de los datos por parte de socios locales— no ha permitido
hacer un análisis exhaustivo. De ahí que las peores cifras se den en América
Latina y Asia, donde han podido contrastar la información. A Brasil, con 448
asesinatos, le siguen Honduras, con 109, y Filipinas, con 67.
El informe insiste en uno de los aspectos que ya destacó en 2011 laRelatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de losderechos humanos, Margaret Sekaggya: la impunidad. La organización solo
tiene constancia de que se haya juzgado y condenado a 10 personas por estos más
de 900 crímenes. “Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis
ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas
corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. Sin
embargo, este problema que tan rápido se está agravando está pasando
prácticamente desapercibido y, en la gran mayoría de los casos, los
responsables están saliéndose con la suya”, asegura Oliver Courtney, portavoz
de Global Witness. En su informe, la relatora de la ONU recopiló casos de
arrestos, detenciones y asesinatos de defensores de los derechos humanos que
protestaban por cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los
derechos sobre la tierra. “Pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas y
minorías”, señaló. Y son “más vulnerables debido a que las áreas donde trabajan
son remotas”.
Para Barbara Ruis, asesora legal del programa de NacionesUnidas para el Medio Ambiente, ha sido “impactante” conocer las cifras del informe.
El problema, sin embargo, no le sorprende: “En los últimos años estamos viendo
cómo emergen cada vez más conflictos medioambientales en todo el mundo”,
explica por teléfono desde Ginebra. Las cifras son de asesinatos, pero hay
muchas otras luchas, y otras agresiones a activistas que pelean por vivir en un
entorno sano, que no llegan a conocerse, añade. “Es importante que se sepa que
hay mucha gente luchando por sus derechos ambientales”.
No es solo la falta de información, o la imposibilidad de contrastar
los datos, lo que hace que los autores del informe crean que se han quedado
cortos. Los asesinatos son la situación más extrema; antes, o además, pueden
haber existido amenazas, intimidación, violencia o criminalización. La relatora
de la ONU se hace eco de esta última circunstancia: “Se ha acusado [...] a los
habitantes de aldeas que se manifiestan en contra de megaproyectos que amenazan
su medio ambiente y sus medios de vida”, recogió, entre otros ejemplos de
criminalización de movimientos sociales como llevar ante tribunales
antiterroristas a agricultores “por manifestarse en contra de las fuerzas de
seguridad del Estado que intentaban expulsarlos de su tierra”.
Courtney asegura que su intención con la publicación del
trabajo es llamar la atención de la comunidad internacional y de los Gobiernos
ante un problema que no deja de crecer. No es, ni mucho menos, la primera
advertencia. Amnistía Internacional (AI) alertó el verano pasado de que la
reciente muerte del biólogo español Gonzalo Alonso Hernández era un ejemplo más
de continuos ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas
de seguridad, paramilitares y bandas criminales. Esta organización denunció
entonces que al menos 20 personas habían sido asesinadas en el país entre 2011
y 2012 por defender el medio ambiente. Según el recuento de Global Witness,
fueron 64.
Más del 80% de los asesinatos que recoge el informe
corresponden a América Latina. Estos casos se multiplican, asegura el informe,
a medida que aumenta la competencia por los recursos naturales. La
deforestación de la Amazonia es buen ejemplo de ello. Después de cuatro años
seguidos de descenso en la superficie arbolada perdida, en 2013 la
deforestación volvió a aumentar un 28%. Los ecologistas lo atribuyeron a la relajación
en las leyes que protegen la jungla. Según el informe, las zonas más afectadas
son también las que más violencia registraron contra los activistas que tratan
de evitarlo.
Fuente:
elpais.com
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