Un informe de la organización detectó 183 conflictos que
afectan a pueblos originarios en Argentina. Advierte por la exclusión que
padecen.
La organización Amnistía Internacional Argentina presentó un
informe sobre los conflictos que sufren las comunidades indígenas en el país en
reclamo por sus tierras, en el que advierte sobre el estado de "violencia
y exclusión" en el que viven.
A través de un relevamiento, Amnistía detectó 183 conflictos
que afectan a los pueblos originarios en Argentina, en los que denuncian el
incumplimiento de sus derechos por parte de los gobiernos (municipales,
provinciales y nacionales), empresas privadas, fiscales y jueces.
La organización lanzó un mapa a través del sitio www.territorioindigena.com.ar, en el
que se pueden consultar las distintas situaciones conflictivas que viven las
comunidades indígenas en el territorio nacional.
"El Estado
reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes
a más de treinta pueblos originarios. Y el mismo Estado admite que se trata de
un "subregistro" y que son muchos más. Aún así, un discurso
recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no
como una cultura que está viva y presente en la actualidad", explicó
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a
través de un comunicado.
Entre todos los casos, Amnistía destacó seis hechos que
demuestran "la significativa
distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y
tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación".
El de mayor trascendencia pública por estos días es el largo
conflicto que mantiene la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh, hoy
conocida como "La Primavera",
en la zona de Laguna Blanca, en Formosa, que sigue reclamando por la devolución
y titulación del territorio.
Su líder, Félix Díaz, enfrenta varios procesos penales, y
desde hace tiempo encabeza un acampe en el cruce de avenida 9 de julio y
avenida De Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.
Otro de los conflictos es el que vive la comunidad Quilmes (CIQ)
en Tucumán, que reclama los derechos sobre un extenso territorio que un
empresario local intenta quedarse para la explotación turística, y por el cual
se han producido en los últimos años varios desalojos.
Como hecho paradigmática figura además el asesinato del
miembro de la comunidad diaguita Pedro Chocobar en 2009, cuando se encontraba
defendiendo un territorio junto a otros comuneros en el departamento de
Trancas, también en Tucumán.
En el informe de Amnistía se resalta también el conflicto
entre la comunidad pilagá El Descanso y el gobierno de Formosa, por una ruta
construida que desde finales de los '90 inunda el territorio, y el que vive los
integrantes de Lof Campo Maripe en la zona donde fue descubierto el yacimiento
de Vaca Muerta, en Neuquén.
El último caso resaltado en el informe es el de Relmu Ñamku,
dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche, que se
encuentra procesada por tentativa de homicidio tras intentar resistir un
desalojo en la zona de Paraje Portezuelo Chico, en Neuquén.
Fuente: losandes.com.ar
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