La
información está derribando los muros de las oligarquías empresariales, y
permite conocer las consecuencias de los transgénicos para la salud y el
medioambiente. La decisión de la UE de prohibir los transgénicos, viene
precedida de masivas movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico,
protagonizadas por una ciudadanía organizada e informada que denuncia un abuso
que atenta directamente contra la soberanía alimentaria.
Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la
sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar
las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas
genéticamente modificadas. Tras enfrentarse a sus protestas y a interminables
trabas burocráticas, la multinacional líder en producción de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM) se encontró también con la oposición de la
Comisión Europea, recelosa ante los riesgos que esta práctica puede suponer para
la salud y el medioambiente. Y es que muchas de las semillas que Monsanto
planeaba exportar tienen modificaciones genéticas que les permiten resistir a
los herbicidas convencionales. Su cultivo conlleva un uso de herbicidas mayor y
más potentes, que a menudo también son comercializados por la propia
multinacional. Además, las semillas transgénicas no permiten su reproducción y
se han de adquirir nuevas antes de cada cosecha, lo que supone un enorme gasto
que no termina de convencer a los agricultores, a pesar de su delicada
situación.
Lo cierto es que los transgénicos nunca han arraigado en
Europa. En los últimos años, Hungría ha destruido campos de maíz genéticamente
modificado, Grecia o Alemania han prohibido estos cultivos y Francia ha vetado
el uso de cualquier semilla modificada. Se calcula que en el mundo hay 170
millones de hectáreas plantadas de OGM y que apenas 100.000 se encuentran en
Europa. La mayoría de ellos se encuentra en España, el único país de la Unión
Europea (UE), según Greenpeace, que cultiva transgénicos a gran escala, con el
90% del maíz modificado.
Monsanto, que entró en España en 1970, ha conseguido renovar
la exportación del maíz Mon810, a pesar de la decisión de la Comisión Europea.
La laxitud de la legislación española, la falta de un plan agrícola claro y el
apoyo ciego del Gobierno demuestran la estrecha relación entre el país y la
poderosa multinacional. Blanca Ruibal, responsable de agricultura de la ONG
Amigos de la Tierra, advierte de que el 67% de los experimentos con
transgénicos que se realizan al aire libre en Europa tienen lugar en España:
“Existe una gran opacidad en torno a estas prácticas. Nunca se sabe dónde están
ubicados los cultivos experimentales, a pesar de que hay una sentencia del
Tribunal Europeo de Justicia que obliga a los gobiernos a comunicar dónde se
encuentran. En España se oculta la información”.
Cuando Monsanto u otras empresas solicitan realizar
experimentos al aire libre para probar sus productos, la mayoría de los países
europeos se niegan. España no, lo que le ha convertido en un laboratorio
perfecto. Tal es la docilidad del estado español que Estados Unidos le
presionaba y utilizaba para que favoreciese en Bruselas la introducción de los
transgénicos, como desvelan unos cables diplomáticos revelados por Wikileaks.
Una de las tesis más esgrimidas por las compañías que
comercializan con OGM es que su uso puede contribuir a combatir la escasez de
alimentos en el planeta. El multimillonario fundador de Microsoft y accionista
de Monsanto, Bill Gates, llegó a afirmar que los cultivos transgénicos son la
solución para acabar con el hambre en el mundo.
Un argumento que no se sostiene cuando vemos que la mayor
parte de los OGM que se comercializan no se destinan a la alimentación, sino a
la producción de piensos para animales. En Argentina, principal productora de
soja del mundo, más del 90% de la producción es transgénica, repartida en más
de 19 millones de hectáreas de monocultivo que antes se dedicaban al ganado, a
verduras y hortalizas. Miles de campesinos empobrecidos que antes vivían de
labrar la tierra han emigrado con sus familias desde que Monsanto se estableció
allí.
Lo mismo sucedió en la India con el algodón, o en Kenia,
donde una variedad de boniato transgénico introducido por Monsanto resultó ser
menos productivo que el boniato convencional.
La información está derribando los muros de las oligarquías
empresariales, y permite conocer las consecuencias de los transgénicos para la
salud y el medioambiente. La decisión de la UE viene precedida de masivas
movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico protagonizadas por una
ciudadanía organizada e informada que denuncia un abuso que atenta directamente
contra la soberanía alimentaria, una línea roja que nunca debiera haberse
sobrepasado en favor de beneficios económicos privados. Fuente: EcoPortal.net
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