Cómo es interrumpir el embarazo en Brasil,
Colombia, Chile, México...
En una era en la que muchos países de América Latina avanzan
en políticas sociales progresistas (matrimonio gay en Chile, adopción por
familias homoparentales en Colombia, legalización del consumo de marihuana en
México), abortar en América Latina sigue siendo tabú.
Esta es la situación en algunos países del continente:
Brasil: marcha atrás
Actualmente, abortar es legal en Brasil solo en tres
supuestos: violación, embarazo de riesgo para la mujer o malformaciones
cerebrales del feto. En 2014, Brasil registró 1.613 abortos legales, el 94% de
ellos por violación. Algunos activistas a favor del derecho a decidir alegan
que cada año se practican casi un millón de interrupciones del embarazo
clandestinas.
Las mujeres brasileñas llevan semanas en guerra contra un
proyecto de ley que pretende dificultar aún más el acceso al aborto para
víctimas de violación. El Parlamento, presidido por el ultraconservador Eduardo
Cunha, aprobó recientemente la puesta en marcha un proyecto de ley (que aún
deberá ser aprobado por la Cámara) que exige a la mujer denunciar la violación
y someterse a un examen médico, además de pasar por varias entrevistas. La
norma, que puede poner en duda la legalidad de la píldora del día después, ha
sido elaborada por el grupo de diputados evangélicos al que pertenece el propio
Cunha, y ha despertado la ira de movimientos feministas, que este jueves han
salido a la calle por tercera vez en dos semanas en Río de Janeiro y São Paulo
con el lema: "La píldora se queda,
Cunha se va".
Colombia: batalla
para cumplir la ley
La Corte Constitucional colombiana reconoció en 2006 el
derecho de interrumpir la gestación cuando es un peligro para la vida o salud
mental y física de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o
se determina malformación en el feto. Pero no ha sido fácil que la ley se
cumpla.
En Colombia, el 60% de los embarazos son no deseados y las
mujeres luchan para que las entidades de salud respeten la decisión de la
Justicia. El pasado martes se realizó el primer foro en el país sobre al
aborto, organizado por la ONG Women’s Link Worldwide y la Fundación Buen
Gobierno. Allí, líderes de mujeres manifestaron su preocupación por la plaga de
abortos ilegales, que se cobran la vida de un 10% de las gestantes, según datos
de la organización Por el derecho a decidir.
A la voz de los grupos de feministas y defensores de mujeres
se sumó la del Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que anunció
que propondrá al Congreso que legisle para que el aborto sea despenalizado, en
cualquier caso y sin ninguna restricción, durante las primeras 12 semanas del
embarazo.
México, Estado por
Estado
En México corresponde a cada uno de los Estados legislar
sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La violación es la
única causa legal aceptada en todos los Estados, aunque en muchos casos se
establecen requisitos como interponer una denuncia o fijar un plazo máximo. La
capital, Ciudad de México, es la única entidad donde la mujer puede interrumpir
libremente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. La ley de plazos,
una iniciativa del gobierno local del PRD (de izquierda), fue aprobada en 2007
y refrendada por la justicia un año después. Guerrero, uno de los Estados más
pobres, intentó seguir la estela del DF, pero el proyecto fue rechazado por la
oposición de los partidos de derecha. Guerrero tiene la tasa más alta del país
en muertes de mujeres que son hospitalizadas tras realizar un aborto
clandestino. Desde 1990, han fallecido en el país 30.000 mujeres por causas
maternas.
México es profundamente católico -8 de cada 10 ciudadanos se
consideran creyentes- y la influencia de la iglesia se aprecia en las leyes. El
derecho al aborto está encajonado en las constituciones de 16 Estados que dictan
que la vida comienza con la fecundación. En algunas entidades, se considera un
delito castigado hasta con ocho años de cárcel. Al menos 22 mujeres están en
prisión en México por este motivo.
Fuera de la capital, el resto de 31 Estados reconocen un
reguero de excepciones en que la mujer puede abortar: la amenaza de muerte para
la mujer (en 70%), la malformación del feto (50%), riesgo para la salud de la
mujer (en 40%). Una de casa tres chicas mexicanas de 15 a 19 años es activa
sexualmente. Más de la mitad de ellas han estado embarazadas, colocando a
México en el primero de la OCDE en embarazos tempranos.
Argentina: muy
restrictiva
Argentina solo permite interrumpir un embarazo en caso de
violación o peligro para la vida de la madre. La ley, además, se aplica de
manera aún más limitada en muchas provincias.
El país está entre los que tienen una mayor tasa de abortos
por cantidad de nacimientos, según la OMS. Cada año hay unos 500.000 abortos,
la mayoría clandestinos. Aunque no hay estudios oficiales, algunos informes
hablan de un centenar de muertas anuales. La presidenta Cristina Fernández de
Kirchner es católica y contraria al aborto, y el asunto no está en la agenda
del Gobierno.
Uruguay, una
excepción
Abortar durante las primeras 12 semanas de gestación es
legal en Uruguay desde 2012. La mujer debe pasar por una primera consulta de
asesoramiento, una reunión con un psicólogo,
un asistente social y médico, un periodo de cinco días de reflexión y,
finalmente, una sesión para recibir el tratamiento, normalmente con fármacos.
En 2014 se practicaron 8.599 abortos en este país, aunque un 30% de los médicos
uruguayos son objetores de conciencia y no practican el procedimiento.
Chile: prohibición
total
Chile es uno de los pocos países del planeta donde las
interrupciones del embarazo están prohibidas en todos los casos. El Gobierno de
la socialista Michelle Bachelet intenta despenalizarlo en caso de violación,
peligro de la vida de la madre y malformación fetal, pero todavía se encuentra
en trámite en el Congreso. Aunque resolvería apenas un 5% de las 70.000
interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en Chile anualmente, su
aprobación no sólo solucionaría las situaciones de mayor gravedad sino, sobre
todo, la modernización de legislación local a los mínimos éticos establecidos
por los organismos internacionales.
Entre 2006 y febrero de 2015, aproximadamente medio millar
de personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el
Código Procesal Penal, según datos de la Defensoría Penal Pública. Claudia
Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional,
explica que la mayoría de las mujeres acusadas “se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega
a un hospital público, donde las denuncian”. En Chile el sistema público de
salud es utilizado por las clases más humildes, así que las castigadas por
aborto suelen ser las más pobres, según la investigadora.
Paraguay: ni en caso
de violación
La ley paraguaya solo autoriza la interrupción
del embarazo cuando la vida de la embarazada corre un grave peligro y no lo
permite excepciones en casos de agresión sexual, ni si el feto es inviable.
Como consecuencia, más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en
este país. Uno de los últimos casos fue el de una niña de 11 años que fue
violada por la pareja de su madre y dio a luz en agosto. Fuente: elpais.com
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