“El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos indígenas”

Cuando el Estado respeta
 los derechos humanos, ejercita su soberanía, dice James Anaya. 

DARWIN, Australia - “Se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana”, advirtió el relator de la ONU para asuntos indígenas, James Anaya. Consultar a estos pueblos “es crear procesos abiertos donde los indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos”.

Anaya, abogado litigante y relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, sobresalió en la diversidad de rostros, idiomas, culturas y experiencias que coincidieron en la conferencia de WIN (Red Indígena Mundial), realizada del 26 al 29 de mayo en Darwin, Australia.

En 30 minutos de exposición, Anaya hizo énfasis en la importancia de que los Estados respeten y apliquen medidas relacionadas con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

En su fugaz paso por Darwin, Anaya se dio un tiempo para hablar con Tierramérica sobre la polémica implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas y el reto de concebir modelos de desarrollo que permitan a los países acceder a la prosperidad y respetar los derechos de las comunidades nativas.

En su opinión, Perú es el país latinoamericano con más avances normativos para aplicar la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante proyectos o actividades que afecten el territorio y la cultura de un pueblo aborigen.

Pero a Lima le falta demostrar en la práctica su capacidad de respetar los derechos indígenas. “De la experiencia se aprende porque ahí se va construyendo un proceso adecuado”, señaló.

Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia están discutiendo esos mecanismos, si bien aún no cuentan con normas y protocolos internos para llevar a cabo las consultas. Para Anaya, no “es exigible” que los Estados aprueben leyes y solo entonces comiencen a consultar. El mayor requisito es tener “voluntad” de respetar los derechos, dijo.

TIERRAMÉRICA: Existe la percepción de que algunos gobiernos de América Latina se manejan con un doble estándar: suscriben instrumentos internacionales para proteger los derechos indígenas, pero no aplican medidas para respetarlos. ¿Usted coincide con esta idea?

JAMES ANAYA: Creo que es un avance que casi todos los países latinoamericanos hayan votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificado el Convenio 169. Son pasos importantes.

Ahora toca implementar esos procesos, pero es muy complejo. Los Estados tienen que hacer esfuerzos para enfrentar el desafío. Son varios los asuntos a considerar ahí: primero, la educación de los funcionarios estatales para entender que estas normas no son solo de relación internacional, sino de aplicación interna porque se dirigen a pueblos indígenas que están en sus territorios.

Lo segundo es tener la voluntad política para hacerlo, y eso a veces es el problema porque hay varias fuerzas políticas y económicas que enfrentar. Tercero, establecer mecanismos de colaboración con los pueblos indígenas para implementar las normas.

TIERRAMÉRICA: Uno de los asuntos con mayores resistencias de las autoridades es la implementación de la consulta previa. ¿Cómo ve los criterios que están tomando en cuenta los gobiernos para establecer cuál es un pueblo indígena con derecho a ser consultado?

JA: Eso varía mucho en los países, depende de qué Estado.

TIERRAMÉRICA: Por ejemplo Perú.

JA: En Perú apenas están comenzando a aplicar su ley y su reglamento. Yo sé que hay todo un debate sobre el registro (de los pueblos indígenas), pero aún hay que ver cómo van a aplicar la ley. Espero que lo hagan de acuerdo a los estándares internacionales.

Por otro lado, hay que reconocer que la consulta se base en derechos fundamentales que de alguna manera se aplican a todos. En el caso de los pueblos indígenas, por sus características, se trata de procedimientos diferenciados y especiales. No es cuestión de consideraciones abstractas, hay que verlo en el terreno.

TIERRAMÉRICA: Hablando de casos concretos, en Perú sí hay consenso en consultar a los pueblos indígenas de la Amazonia, pero no ocurre lo mismo cuando se habla de comunidades campesinas que se ubican precisamente en zonas de actividades extractivas.

JA: Siempre se deben proteger los derechos de los pueblos indígenas. Hay que avanzar en el desarrollo para beneficio de todos, pero protegiendo los derechos indígenas. Y conseguir las dos cosas es posible, no son incompatibles.

TIERRAMÉRICA: Quizás ese es el problema: que los Estados consideren que hay que dejar de respetar los derechos indígenas para promover la inversión privada en sus tierras…

JA: Lo que pasa es que los modelos que han existido han mostrado esto (los derechos y el desarrollo económico) como algo incompatible. Quizás de lo que se trata es de crear nuevos modelos basados en derechos humanos, modelos que respeten los derechos de los pueblos indígenas. No es cuestión de frenar el desarrollo.

TIERRAMÉRICA: Eso que parece tan sencillo de entender, genera resistencias.

JA: Hay mucha polarización entre las partes y habría que dialogar más.

TIERRAMÉRICA: ¿Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo indígena tiene la última palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su territorio?

JA: El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos humanos o los derechos indígenas. Tiene que acatar estas normas para respetar los derechos, el Estado no puede hacer lo que quiere.

Yo diría que el respeto de estos derechos es una forma de asegurar que esta soberanía se ejerza. Cuando el Estado respeta los derechos humanos, ejercita su soberanía porque favorece a los ciudadanos y a los pueblos.

TIERRAMÉRICA: Sin embargo, hay una pérdida de confianza en los gobernantes. ¿Cómo garantizar procesos de consultas legítimas que permitan desentrampar el debate?

JA: Hay que superar la desconfianza, los prejuicios. Se trata de crear procesos abiertos donde los pueblos indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos.

Lo que pasa es que a veces se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana. El consentimiento viene vinculado a la consulta, hablas de la consulta con el fin de llegar a un consentimiento, a consenso. No es cuestión de que una parte imponga su opinión a la otra.

Fuente: www.ipsnoticias.net