La comparecencia de Argentina está agendada para el próximo
13 de marzo, en la tercera semana de la primera sesión anual del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, que comienza sus deliberaciones el próximo lunes en
Ginebra. Ese día está prevista la
intervención del vicecanciller Eduardo Zuain, en la cual es posible que revele
las prioridades del gobierno para 2013 en la materia. Una quincena más tarde,
el Secretario de Estado para Derechos Humanos, Martín Fresneda, encabezaría la
delegación encargada de aceptar, rechazar o considerar que ya está
implementando las 118 recomendaciones formuladas por 56 países el 29 de octubre
pasado.
Estas recomendaciones
son el resultado del Examen Periódico Universal (EPU) que Naciones Unidas
somete de forma escalonada una vez cada 4 años a todos sus 193 Estados
miembros, en reuniones abiertas donde los países que así lo estimen formulan
alabanzas, críticas, y sacan conclusiones en un “dialogo interactivo” con el
país examinado, que luego se refleja en un informe. El documento oficial
respecto a lo debatido en torno a la Argentina debe aprobarse el 13 de marzo
venidero, cuya versión en castellano acaba de ser publicada por la ONU en
Ginebra.
Compuesto por 47
países elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, que se
van rotando anualmente según una distribución por regiones del planeta, el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU integra este año a 8 países
latinoamericanos, entre ellos la Argentina, además de Brasil, Perú, Guatemala,
Chile, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. La presente sesión finalizara el 22 de
marzo 2013.
Máximo órgano en los
temas de derechos individuales y libertades publicas, la jurispriudencia del
Consejo consagra que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y
están interconectados. Estipula que carecen de jerarquía, y el presunto respeto
de unos no puede llevarse a cabo habilitando la supuesta transgresión o en
detrimento de otros.
Al margen del orden
cronológico del informe, por su volumen destaca una larga serie de recomendaciones
planteadas por 30 países las cuales
significan peticiones para garantizar los derechos de la mujer, contra la
violencia que padecen -en particular doméstica- no violar sus derechos sexuales
y reproductivos, erradicar la trata y discriminación de las que suelen ser
objeto, endurecer la penas y avanzar por la emancipación de la mujer y “la
incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal” (Moldova,
Indonesia, Ecuador, Libia, Malasia, Singapur, Belarús, Iraq, Sri Lanka y Perú).
Costa Rica reclama
para las mujeres “servicios amplios y
gratuitos de asistencia jurídica, atención sicológica y refugios”. Grecia y
Marruecos piden “responder mejor al problema de la violencia doméstica”. Países
Bajos sugiere “analizar las causas de la
impunidad … y asignar fondos y personal para atacar esas causas”. Noruega
espera la creación de “un corpus integral
de datos estadísticos sobre violencia de género en todo el país”. Gran
Bretaña insta a publicar los datos “fiables”
que recoja un órgano con “mandato”.
Palestina aguarda “la aplicación efectiva
de la legislación de prevención y sanción” de esa violencia. Portugal
reivindica “sanciones de los agresores” y
“un plan de acción nacional para la prevención”.
En tal sentido España
llama a un “compromiso de todas las
instancias del Estado en la lucha contra la violencia de género, con el fin de
reducir el número de muertes”. Venezuela insta a continuar “avanzando en el ámbito de (esa) lucha y
prevenir la trata de personas”, Argelia apela a consolidar aquella lucha y
“contra todas las formas de
discriminación”, mientras que Canadá precisa la necesidad de “seguir adoptando medidas”, Trinidad y
Tobago propone facilitar “el acceso de
las víctimas a la justicia y a un amplia gama de servicios gratuitos”, a lo
que se suma Australia. Eslovaquia subraya el imperativo de prevención y castigo
de la violencia contra las mujeres y la trata. Francia adhiere y amplia a la
lucha “contra los estereotipos misóginos”
A su vez, seis países
europeos abundan por un “pleno
reconocimiento de los derechos reproductivos” (Francia), por el “respeto a la decisión de la Corte Suprema
del 12 de marzo de 2012 que las mujeres y niñas víctimas de una violación
tengan posibilidad efectiva de abortar en condiciones de seguridad y legalidad”
(Alemania y Noruega), en tanto que Países Bajos y Noruega invitan a tomar “medidas” para reducir la mortalidad y
morbilidad maternas e infantil, “consecuencia
de lo abortos practicados en condiciones peligrosas”. Para Eslovenia debe
haber un pleno “acceso a productos y
servicios de salud reproductiva, y Suiza demanda “la aplicación efectiva de
la guía técnica para la atención de los abortos no punibles à nivel nacional”.
Uruguay puntualiza que se refuercen “disposiciones
jurídicas y administrativas existentes que garanticen la salud sexual y
reproductiva”.
Al mismo tiempo, once
recomendaciones encomiendan mejorar “las
condiciones de detención en las prisiones” (Alemania). Invitan al “cumplimiento de las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos” (Hungría”). Alientan a
“continuar los esfuerzos destinados a
reducir el hacinamiento y violencia en las” cárceles (India, Marruecos,
Eslovenia, España y Argelia), en favor de un sistema penitenciario acorde con “normas internacionales” (México,
Eslovaquia, Suiza y Austria), y agentes de policía y fuerzas del orden
debidamente educadas y formadas en derechos humanos (Costa Rica) .
Paralelamente, ocho
países occidentales se refieren a la libertad de expresión. Bélgica a favor de
« aprobar legislación exhaustiva sobre acceso a la información pública y
promulgar una ley que abarque las tres ramas del poder », Canadá para que se
legisle en cuanto « al acceso a la información y establecer mecanismos que
faciliten el acceso del público a la información, con arreglo a practicas
optimas”, Suiza por la promulgación de “una
nueva ley de acceso a la información pública que se ajuste a las normas
internacionales”, a lo que Noruega agrega la creación “de un órgano independiente y autónomo” que lo garantice.
Alemania le solicita
a la Argentina que vele por la libertad de expresión y de prensa “en todo momento”. España aboga por la “pluralidad de los medios de comunicación”.
Australia por la “protección de los
periodistas” y Estados Unidos sostiene que se debe “observar y aplicar las decisiones de la Corte Suprema relativas a los
artículos de la Ley de servicios de comunicación audiovisual que todavía son
objeto de debate”.
Desafíos en los derechos de los discapacitados son señalados
por Malasia, Omán, Eslovaquia, España, Jordania, Armenia, Venezuela, Estados
Unidos y Tailandia. Rusia, Honduras, Iraq y Trinidad y Tobago requirieron un
Defensor para los derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes. Merecen
peticiones específicas los derechos de los migrantes, extendiendo los
beneficios de la Asignación Universal por Hijo (Austria, Pakistan, Venezuela,
Omán, Bolivia, Armenia y Belarús), de los afrodescendientes (Nicaragua y
Tunez), de los ancianos (Brasil) y de los refugiados (Belarús). Por una
profundización del derecho a la educación se pronuncian China y Cuba.
Falencias
para con los pueblos indígenas son evocadas por Grecia, Perú, España, México y
Omán. Sudáfrica llega incluso a plantearle a la Argentina que se proclame “Estado multiétnico” y que reconozca la “memoria histórica” de los “afroargentinos”.
Los mecanismos de
control para combatir la tortura, en línea con los instrumentos internacionales
ratificados por Argentina, figuran en las observaciones de Brasil, Estados
Unidos, Honduras, Túnez y Reino Unido, y que sus “víctimas obtengan reparación”, (Belarús, Eslovaquia, Túnez y
Austria). Armenia instó a “proseguir los
esfuerzos para enjuiciar los autores de delitos de lesa humanidad”, y Perú
a “continuar desarrollando una política
de Estado basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos
de la Argentina: memoria, verdad y justicia”.
Fuente: plazademayo.com
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