Por medio del Ministro de Agricultura polaco, Marek Sawicki,
se anunció hace unos días que la variedad MON810 de maíz quedaba oficialmente
prohibida en el país europeo, luego de varias protestas por parte de
apicultores y activistas locales que exigían su remoción.
Polonia se suma así a una oleada europea que en los últimos
meses ha frenado la presencia de Monsanto en los cultivos del llamado Viejo
Continente. Apenas el 9 de marzo pasado Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria,
Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia rehusaron respaldas la propuesta de
Dinamarca para permitir la siembra de transgénicos en Europa.
En el caso de Francia, además, a finales de febrero un
tribunal acusó de envenenamiento a Monsanto en perjuicio de un agricultor
francés.
El caso europeo de lucha contra los nocivos transgénicos de
Monsanto lamentablemente no cuenta con el mismo entusiasmo en la Argentina,
donde el gobierno nacional evita hablar del tema.
Un proyecto de ley impulsado desde el macrismo y el partido
de Pino Solanas (claramente antagónicos en sus lineamientos) busca que los
alimentos modificados geneticamente cuenten con una etiqueta especial que
informe al consumidor acerca de ese asunto.
El proyecto fue presentado en conjunto por la diputada del
PRO, Soledad Martínez, y Jorge Cardelli de Proyecto Sur. Si bien ambos
legisladores pertenecen a fuerzas políticas sumamente diferentes y con posturas
ideológicas prácticamente opuestas, han optado unirse basados en la biología
del ser humano, y con una preocupación legitima y común: los alimentos
procesados con transgénicos o los transgénicos en si mismos, son
comercializados sin ningún tipo de aviso para los consumidores que desean una
dieta saludable y libre de residuos de herbicidas u OGMs.
El objetivo de la normativa planteada por el PRO y Proyecto
Sur es textualmente "garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos" sobre productos y alimentos para consumo humano y animal
"en cuya elaboración y o producción se hayan empleado ingredientes o aditivos
de organismos genéticamente modificados, a fin de evitar los eventuales riesgos
o reducir los posibles daños que de estos productos pudieran derivarse para la
salud humana".
La preocupación de Macri y Solanas no es infundada: miles de
informes científicos certifican que los alimentos transgenicos o procesados con
aditivos OGM producen diversos tipos de cáncer como Linfoma no-Hodgkin, sarcoma
de tejidos blandos, carcinoma de próstata, cáncer de colon, cáncer de mamas. E
incrementan el riesgo de linfoma no-Hodgkin (LNH), leucemia, y tumores. Además
de inducir infertilidad. Además los ingredientes de ingeniería genética en los
alimentos provocan mutaciones en la flora intestinal que también conducen al
cáncer y todo tipo de trastornos en la salud. Ver al pie del articulo.
El proyecto de ley establece que todos los productos exhiban
una etiqueta "perfectamente visible y accesible" en la que señale:
"Alimento elaborado con organismos genéticamente modificados".
La diputada macrista ya había presentado el proyecto hace dos
años, pero en la Comisión de Agricultura y Ganadería jamás se trató la
iniciativa pese a que era la comisión cabecera para emitir dictamen. Por aquel
entonces la propuesta fue simplemente ignorada, especialmente durante la
presidencia de Juan Casañas dado que la moción estuvo vigente recién a finales
del año 2010, cuando Ricardo Buryaile casi finalizaba su mandato.
Algunos reportes indican que el kirchnerismo estaría
interesado en tapar el proyecto de ley mediante falso activismo en la web.
Como sea, el hecho de que el proyecto no cuente con
cobertura de ningun tipo en medios de comunicación tanto oficialistas como
opositores llama sugestivamente la atención, más aún teniendo en cuenta que los
movimientos contra los transgénicos en el mundo van cobrando relevancia y no
sólo en Europa se han tomado medidas.
Etiquetado en el mundo
Para julio del año pasado Consumers International (CI) y sus
organizaciones miembros celebraba una victoria junto a los reguladores de más
de 100 países, tras el acuerdo de largo plazo en el etiquetado de organismos
genéticamente modificados (GM).
Las organizaciones de consumidores de todo el mundo,
celebraban así la decisión del Codex Alimentarius que legitima el etiquetado de
transgénicos y libra de represalias a los estados que protejan el derecho a
saber qué comemos en nuestros platos.
Por más de dos décadas Monsanto, Bayer, Pioneer Dupont, Dow
y otras empresas que participan del Codex impidieron acuerdos en ese sentido,
protegidas por los gobiernos de USA.
La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por
su nombre en inglés) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) para
desarrollar normas alimentarias y reglamentos referidos a la alimentación.
La Comisión del Codex Alimentarius, integrada por organismos
reguladores sobre la seguridad de los alimentos, lleva más de dos décadas
tratando de resolver este tema. La delegación de USA que hasta el año pasado
había obstruido todo acuerdo en favor del etiquetado, finalmente cambió de
posición. No hay aún información oficial sobre las razones de este vuelco,
aunque en el mundo cada vez hay más ciudadanos informados de los dañinos
impactos de los transgénicos en la salud humana y en el ambiente, a partir de
estudios en animales de laboratorio y últimamente en Canadá, en una
investigación que se llevó a cabo con madres embarazadas que consumen maíz
transgénico, donde se descubrieron vestigios de la proteína Cryab1 -una toxina
insecticida del maíz transgénico- en la sangre de las madres y sus fetos.
En USA no se etiquetan los transgénicos, al contrario de lo
que ocurre en Europa. Sin embargo, durante la cumbre anual que celebró el año
pasado el Codex en Ginebra, la delegación de USA retiró su oposición al
documento de orientación del etiquetado a los OGM, por lo que el acuerdo se
convertió en un texto oficial del Codex.
De esta manera, cualquier país que etiquete los transgénicos
ya no enfrentará la amenaza de una demanda legal de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Esto se debe a que las medidas nacionales adoptadas sobre la
base de orientaciones y normas del Codex no pueden ser impugnadas como barreras
al comercio.
Países de la región como Perú y Chile ya comenzaron a
debatir las medidas, aunque en la Argentina de los K, medidas de este tipo, que
sin dudas afectarían a los negocios de Monsanto, este tipo de cuestiones
todavía pasan desapercibidas.
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