La policía ambiental es parte de una serie de medidas que
darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. Hoy hay regiones
que no tienen equilibrio y, por lo tanto, están siendo relegadas.
El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía
Minera, que se encargará de supervisar las tareas de exploración y explotación
de las compañías. Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los
empresarios cuestionaron las señales ambiguas del Gobierno.
La orden es nacional y la "necesidad" es
provincial. Aún con amagues, el Gobierno empezó a abrir la puerta a la minería
como alternativa a la matriz productiva mendocina. Con un fuerte discurso
minero, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el subsecretario de
Hidrocarburos y Energía, hoy interventor de YPF, Walter Vázquez, presentaron la
Policía Minera como una forma de dar garantía a la sociedad de que todo
proyecto de extracción mineral será "controlado" y correlativamente
"sustentable".
El timón lo tomó Vázquez y la ausencia del gobernador fue
notable, pese a que Baldasso justificó el faltazo de Pérez por "problemas
de agenda". "La policía ambiental es parte de una serie de medidas
que darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. La actividad
minera es muy noble. Hoy hay regiones que no tienen equilibrio y, por lo tanto,
están siendo relegadas", defendió el interventor de YPF y dijo sin
titubear: "La Pampa Húmeda no nos va a sacar de la falta de
recursos", aseguró.
Vázquez, muy cerca de los funcionarios nacionales, tomó las
riendas de la instalación de la minería y lo evidenció en la presentación de la
Policía Minera que controlará y sancionará a las empresas que no cumplan con
los mecanismos estipulados para la extracción. Pero esta especie de apertura
que ha empezado a encarar el Ejecutivo tiene un sustento social basado en una
encuesta que el PJ pidió al encuestador preferido por el partido, Enrique
Bollati. El especialista sondeó, en marzo, los ánimos de los mendocinos con respecto
a la actividad en discusión.
Los resultados arrojaron que un 20 por ciento de los
encuestados está en contra por militancia, un 30 por ciento estaría a favor por
historia y un 50 por ciento de la población "no tendría problemas de su
desarrollo, siempre y cuando el Estado controle". Este último grupo es el
que intenta captar el Gobierno con acciones públicas que den como mensaje:
"El Estado garantiza la sustentabilidad". "La minería es una
actividad noble. Seamos portadores del mensaje tranquilizador para los
pueblos", pidió en consonancia el subsecretario.
Con más prudencia, Baldasso pronunció: "Es una semana
de festejos porque es la semana de la minería. Es una actividad trascendente
que ha sido estigmatizada como si fuera un pecado y, en realidad, es una
actividad que permite subsistir".
Ante la pregunta de la prensa: Para proyectos metalíferos
¿también habrá control?, el ministro respondió: "Si sale minería
metalífera, también habrá control".
Ultimátum nacional
El ultimátum nacional a la apertura de Mendoza a la minería
quedó en evidenciada en el acto de ayer pese a que el gobernador no se hizo
presente. De hecho, Vázquez aseguró: "Estamos orgullosos de la Ofemi
(Organización Federal de Estados Mineros)". La postura del mandatario ha
sido más tambaleante y hasta por momentos ambigua. Incluso, en el acto del uno
de mayo, Pérez destacó la ley 7.722 y dijo que se necesita licencia social para
la minería.
Precisamente de ese discurso se hizo eco Zenobi quien fue
muy duro con el gobernador. "Quisiera saber qué es licencia social. ¿Un
grupo que se opone a una actividad que es lícita?". Con mucha crudeza en
sus declaraciones, Zenobi cuestionó: "La cabeza está pensando en una cosa
y los pies en otra.., yo sigo a los pies", haciendo referencia a Pérez y a
sus ministros. Este último comentario fue desestimado en el séptimo piso de
Casa de Gobierno donde aseguran "estar encolumnados detrás del proyecto de
Francisco Pérez".
Sin embargo, Zenobi siguió hablando. "El gobernador,
lamentablemente, se carga una mochila que no le corresponde. Que delegue a su
gente", y le dijo a Pérez: "No se puede cambiar el destino". El
titular de la Cámara aseguró que hay más de 60 proyectos mineros (incluidos los
metalíferos) que requieren de la declaración de impacto ambiental pero que la
Secretaría de Ambiente se niega a reconocerlos. "La cordillera está pedida
(para la explotación) sobre todo la parte oeste", sentenció.
Los Andes
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