El 25 de marzo de 1996, el secretario de
Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó con un trámite express el
ingreso de la soja transgénica, basado en estudios de Monsanto. Aumentó el uso
de glifosato. Record de desmontes y desalojos.
Por Darío Aranda
Paseo Colón 982. 25 de marzo de 1996. El gobierno de Carlos
Menem autoriza la primera soja transgénica y ya nada volvería a ser igual. Un
cambio drástico para la agricultura de Argentina, aprobado en un trámite
express de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. Dos
décadas después, el 60 por ciento de la tierra cultivada tiene un solo cultivo
y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Cuantiosos
ingresos para el país, pero también consecuencias: record de desmontes, uso
masivo de agrotóxicos, desalojos a campesinos y pueblos indígenas,
concentración de tierras en pocas manos. Veinte años de una Argentina
transgénica.
Felipe Solá, secretario de Agricultura de Menem, firmó el
expediente de aprobación de la soja transgénica. En 2011, un grupo de seis
científicos de distintas disciplinas realizó una lectura del informe.
Confirmaron que la autorización no contaba con estudios sobre efectos en
humanos y ambiente, la información era incompleta y cuestionaron que el Estado
argentino no haya realizado investigaciones propias. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico,
tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en
puntos de extrema importancia como consumo humano, o los tests ecotoxicológicos
en ratones, pollos y peces, corresponden a las propias investigaciones de
Monsanto. Son juez y parte”, denunció Norma Sánchez, profesora titular de
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
e investigadora independiente del Conicet.
La soja transgénica pasó de seis millones de hectáreas a
doce millones (en 2003) y veinte millones (en 2015). Las exportaciones fueron
millonarias. El investigador Tomás Palmasino, del Instituto Gino Germani de la
UBA, precisó que, entre 2002 y 2013, Argentina exportó 158.000 millones de
dólares (en poroto, harina y aceite de soja).
En economía se refiere como “externalidades” a las consecuencias no deseadas (y que las empresas
no rinden cuentas). El desmonte es una “externalidad”
del agronegocio. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (de la
ONU), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en 2014
que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en Argentina. Hernán
Giardini, de Greenpeace, precisó que, desde 1998 hasta 2014, fueron arrasadas
5.123.065 hectáreas. “Equivale a 300.000
hectáreas por año, una hectárea cada dos minutos”, afirmó Giardini. El 80
por ciento de la deforestación se concentra en Santiago del Estero, Salta,
Formosa y Chaco, todas provincias en las que avanzó el modelo agropecuario
transgénico.
Según los censos agropecuarios de 1988 y 2002, en ese
período desapareció el 25 por ciento de las explotaciones agropecuarias
(104.000 fincas). Hay coincidencia de científicos sociales en que el número de
chacras siguió en caída, pero no hay censo agropecuario completo desde hace
catorce años. Datos del INTA confirman la concentración de tierras: el dos por
ciento de las explotaciones agropecuarias cuenta con el 50 por ciento de la
tierra cultivable.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio
interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el
Norte del país. Releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la
región conocida como “Chaco argentino”
(Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y
Córdoba). En marzo de 2013 publicó su informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248
disputas territoriales, que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de
11.824.660 hectáreas. La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada
diez) se inició a partir del año 2000. “Coincidiendo
con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera
agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones. Redaf
explica que para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y
el Estado, “lo que está en juego es la
imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala,
destinado sobre todo a la exportación. La tierra les representa un bien
económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos
ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de
agrotóxicos pasó de 30 millones de litros (en 1990) a 300 millones anuales en
2011 (200 millones son glifosato). De dos litros del herbicida glifosato por
hectárea se incrementó a entre ocho y doce litros. El Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, en su reciente publicación “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”, advirtió
que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo, afectan cursos de
agua, y cuestionan que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos. “El actual modelo de agricultura industrial o
modelo extractivo ha pretendido que la química (los plaguicidas) controle a la
biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este
modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en
serio riesgo al recurso suelo”, afirmaron los investigadores del INTA.
Andrés Carrasco, científico que en 2009 confirmó
los efectos letales del glifosato y luego sufrió un ataque de las corporaciones
transgénicas (fallecido en 2014), definió al modelo de agricultura química en
Argentina como un “experimento masivo a
cielo abierto”. Fuente: pagina12.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario