Con esas palabras se podría definir el accionar del Gobierno
de la Provincia y de la rectora de la Universidad de Santiago del Estero,
Natividad Nassif, quienes, en contra de la Facultad de Ciencias Forestales,
alumnos, docentes y ciudadanía en general, llegaron a un “acuerdo” para que el
gobernador Gerardo Zamora pueda llevar adelante su anhelado proyecto
urbanístico en el predio de la Reserva Natural Urbana.
El interés del Ejecutivo por este espacio es a fin de poder
construir allí obras que se consideran de “gran valor” para el desarrollo de la
ciudad, como ser: la ampliación de la nueva costanera; un tren turístico/urbano
que conectaría el Parque Industrial donde se construiría un complejo de muestra
tecnológica permanente, el Jardín Botánico y el Centro de Convenciones y un
mega estadio de fútbol con sectores de estacionamiento vehicular (que en los
últimos días trascendió extraoficialmente que no se realizará), que tendría un
costo de $400 millones.
Este conjunto de ideas fueron expresadas por las autoridades
provinciales a las de la UNSE a fines de diciembre de 2011, sin que se
presentara proyecto alguno de las obras, con el correspondiente estudio de
impacto ambiental. Tampoco fue escuchada la opinión de la Facultad de Ciencias
Forestales, actual administradora del predio.
Qué es el Jardín Botánico y la Reserva Natural Urbana
Haciendo un poco de historia, por ley 3499/1969, las 20
hectáreas comprendidas entre la avenida Núñez de Prado y la ribera del Río
Dulce, y entre el puente “Negro” y el Carretero, fueron donadas a la
Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente, fue transferido a la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
El predio donde se encuentra el Jardín Botánico, fue
declarado Reserva Natural Urbana por el Consejo Superior de la UNSE, es un
espacio de la Facultad de Ciencias Forestales, donde se trabaja para la
conservación de la biodiversidad.
Forma parte de lo que es un cordón verde que rodea la
ciudad, es uno de los pocos reductos de vegetación que quedan, una de las pocas
áreas que no han sido impactadas por el hombre y que suma al pulmón verde que
Santiago necesita.
En este espacio se encuentran más de 400 especies
forestales, nativas y foráneas, algunas en vías de extinción. En un reciente
estudio se determinó que allí conviven unas 50 especies de aves silvestres,
además de la función de regulador térmico que cumple este importante espacio
verde para la ciudad. Cualquier modificación sobre este alteraría de manera
directa e indirecta la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.
Sin embargo, para el Gobierno es una “propiedad deshabitada y
en elocuente estado de abandono y descuido, con malezas, arbustos”. O sea, lo
que para los ciudadanos comunes es un resguardo ecológico para quienes nos
gobiernan sólo son “yuyos” y para el rectorado de la UNSE “un basural”.
Este lugar contribuye a cumplir lo prescrito por el art. 41
de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”.
Ahora bien, si nos detenemos en el análisis de este artículo
cabe preguntarle al señor gobernador si cree que su “proyecto urbanístico” no
comprometerá el medio ambiente, al tiempo que parecería que a este Gobierno no
le interesa la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica,
con lo que estaría violando la Carta Magna que nos rige a todos por igual. Esto
en consonancia con las miles de hectáreas que continúan desmontándose
ilegalmente en nuestra provincia, a sabiendas de nuestros gobernantes.
Una lucha desigual
Al momento de tomar conocimiento de las intenciones del
gobernador Gerardo Zamora, docentes y estudiantes de la FCF iniciaron una lucha
desigual, ya que enfrente tenían no sólo al poder Ejecutivo sino también a una
rectora que entiende que el bien personal está sobre el bien común.
Aún así, mediante notas y reuniones del Consejo Superior
(HCS) de la casa de altos estudios, lograron frenar por un tiempo los embates y
las amenazas encubiertas, para proteger uno de los pocos espacios verdes con
los que contamos los santiagueños.
La Facultad de Ciencias Forestales analizó el tema y su Consejo
Directivo, basado en el informe técnico de la Comisión Ad Hoc formada a tal
fin, emitió la Resolución 06/12 donde: “Solicita al HCS mantenga el dominio de
la totalidad del predio del Jardín Botánico y Reserva Natural Urbana en el
ámbito de la FCF-UNSE para los fines históricos y actuales establecidos”, en
virtud del “gran valor” que el mismo tiene para cumplir con la misión de la FCF
y para la educación ambiental y calidad de vida de la sociedad.
Como continuaban los avances de la Provincia, el día 10 de
septiembre, en un nuevo intento desesperado de la rectora de la UNSE y otros
integrantes aliados del Consejo Superior, se realizó una sesión en la que
finalmente se resolvió rechazar el “proyecto convenio” presentado por el
Gobierno, que buscaba “recuperar” los terrenos.
Durante la acalorada reunión, la licenciada Nassif, quien
supo militar en el “radicalismo puro” al que abandonó para transformarse en
“radical kirchnerista” y acompañar a Gerardo Zamora, esgrimió el argumento de
que “es necesario que la universidad se relacione con los otros, y el Estado
provincial es un otro. El Estado necesita de la Universidad y la Universidad
necesita del Estado. "Yo tengo un buen diálogo, no con el gobernador, sino con
el Estado provincial”. Pero no logró su cometido y la votación dio como
resultado 10 votos por el rechazo a la cesión de las tierras y 4 votos a favor,
según consta en la resolución 155 del HCS de la UNSE.
Mientras tanto, desde el pasado mes de mayo, el Gobierno
avanzó con las obras de la costanera, arrasando con parte de la vegetación de
la Reserva, en una muestra cabal de su prepotencia e impunidad, avasallando los
derechos de propiedad del Estado Nacional, ante la silenciosa complicidad del
rectorado de la UNSE, y con una Justicia Federal “ausente” a la hora de poner
freno a la ilegalidades cometidas por el Estado provincial.
El apuro de Zamora y la expropiación “encubierta”
Tras conocerse la decisión de la universidad de mantener
bajo su órbita el control del Jardín Botánico y la Reserva Natural, el Poder
Ejecutivo eleva, el 15 de septiembre, a la Cámara de Diputados un proyecto,
firmado por el Dr. Gerardo Zamora, la Dra. Matilde O´Mill y Elías Suárez, donde
se pide la rectificación de la ley 3.499, “circunscribiendo la donación, al
espacio que efectivamente se encuentra ocupado por la Universidad de Santiago
del Estero…, que comprende el jardín Botánico…, con la finalidad de reservar la
superficie restante a la realización de obras de utilidad pública que permitan
fomentar el desarrollo, la recreación y el turismo”. El mismo fue tratado sobre
tablas y aprobada la ley provincial Nº 7.086 el 18 del mismo mes.
Resulta llamativa la premura del Gobierno por hacerse con
este terreno, aún cuando varios sectores de la ciudadanía se venían
manifestando en contra y sin tener en cuenta lo resuelto hasta ese momento por
la UNSE.
Según fuentes extraoficiales, el apuro radicaría en que el
dinero para las obras ya está, con lo cual no lo pueden usar sin justificar.
“Nos estuvieron
mintiendo, engañando”
Ultima Hora habló con integrantes de la Facultad de Ciencias
Forestales, quienes se mostraron dolidos e indignados por el curso que tomaron
los acontecimientos.
Uno de los docentes contó que luego de lo ocurrido en la
Legislatura, el Consejo Superior volvió a reunirse (sin la presencia de la
rectora que se encontraba en Europa) para tratar el pedido de que se instruya a
Asesoría legal para que inicien las acciones legales correspondientes para
declarar la inconstitucionalidad de la ley e implementar la medida cautelar correspondiente,
lo que fue aprobado en la sesión.
“Pero todo fue un artilugio, nos hicieron creer que iban a
hacer algo, nos estuvieron mintiendo, sólo estaban dilatando a la espera del
regreso de la rectora y confabulados con el Gobierno provincial”, sostienen los
entrevistados.
Ante lo decidido en asamblea, el vicerrector Carlos López, a
cargo de rectoría en ese momento, autoriza el día 10 de octubre que se consulte
a un renombrado especialista en derecho constitucional de la provincia de
Tucumán, quien estudia el caso y realiza un bosquejo de la presentación
judicial sobre la base de los aberrantes visos de inconstitucionalidad de la
ley provincial 7086.
Pero grande fue la sorpresa cuando al regresar de su viaje
la licenciada Natividad Nassif, convoca a reunión extraordinaria al Consejo
Superior (19/10), donde a pesar de las gestiones realizadas por el servicio
jurídico y la decisión anterior de iniciar acciones, se resuelve, con el voto
de quienes antes apoyaban la defensa del patrimonio de la UNSE, “limitarse a
acatar la ley provincial Nº 7.086 y facultar al rectorado a iniciar diálogo con
el Gobierno de la Provincia”. Todo ello habría sido generado mediante presiones
de todo tipo llevadas adelante por el “aparato provincial” para cambiar el voto
de algunos Consejeros (decanos de otras facultades por ejemplo) y generar la
ausencia de otros en la reunión.
A pesar de esto, quienes defienden la Reserva Natural no
bajaron los brazos, el 30 de octubre presentaron una nota en la que explicaban
que la decisión tomada perjudicaba el patrimonio de la institución, “dejando en
claro que la facultad no aprueba la forma en que se desarrollaron las
instancias”, ya que en la reunión de fecha 20/9 se facultaba al rectorado para
actuar con celeridad contra le ley sancionada, lo que no fue tomado en cuenta,
ya que luego deciden acatar la ley, “aún cuando el Gobierno, sin intenciones de
diálogo, hizo prevalecer su postura…, cambiando los medios e instrumentos
utilizados para concretar su objetivo… que fue siempre conseguir el predio”.
Siguiendo la cronología de los hechos, el 31 de octubre se
convocó a una reunión extraordinaria para aprobar un convenio con el Gobierno.
En la misma la F.C.F presentó un recurso de reconsideración que fue vilmente bloqueado por el rectorado a
través de sus asesores legales, los consejeros incondicionales y la
conveniencia de otros, sin permitir siquiera que las autoridades de la F.C.F
fundamenten el pedido, en otro excelente ejemplo de democracia universitaria
para los alumnos de esta casa de altos estudios.
El convenio se aprobó sobre tablas, igual que la ley 7.086
en la Legislatura, sin pasar a comisión como es de práctica.
Ese día, también se aprobó un Acuerdo de Cooperación
Recíproca y operativa entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero
y la Universidad Nacional, por lo que la rectora logra una reunión con el
gobernador.
Lo que vale la Reserva Natural Urbana para Nassif y Zamora
En ese encuentro mantenido entre Zamora y Nassif, el
Gobierno acordó entregarle “como parte de pago” por los terrenos de la Reserva
una fracción de terreno de un inmueble denominado “San Isidro”, en la localidad
de Santa María, con una superficie de 120 hectáreas.
Además, para poner en valor el Jardín Botánico (lo que
significa que sirva para fines turísticos no ecológicos), el Ejecutivo aportará
$24 millones.
Quiere decir que ese lugar que sólo es un conjunto de
malezas para los funcionarios tiene un valor económico muy alto, el que se
incrementará luego de las fantásticas obras del “arquitecto egipcio
santiagueño”.
“Con esto nos ataron de pies y manos. Quienes en un
principio votaron a favor de no entregar los terrenos, después se dieron
vuelta, se vendieron. Es más, durante la reunión uno de los decanos preguntó ´a
mi Facultad qué le toca´, obviamente en referencia a algún “premio” por parte
del Gobierno”, comentaron las fuentes consultadas.
Ahora bien, con este acto del Gobierno, que debe velar por
el bienestar de todos los santiagueños, y de las autoridades de la UNSE, las
que deben preocuparse por el futuro de los estudiantes, ¿qué mensaje están
dejando?
¿Acaso están
enseñando que no sirve de nada la ética ante los “intereses o posiciones
políticas”?
¿Instruyen a nuestros
hijos que los “derechos humanos”, como el de gozar de un ambiente sano pueden
ser mancillados por el capricho de tener en “ese lugar” edificios lujosos, y
obras suntuosas como icono de una gestión?
Las autoridades han abierto una brecha muy difícil de
sellar, porque mientras el gobernador Gerardo Zamora sueña con mega proyectos,
sin importarle a costa de qué o de quién, sin pensar que mientras él busca
cumplir “el sueño del pibe”, con autódromo, aeropuerto internacional, hoteles 5
estrellas, torres gemelas, ahora hasta de un club de golf que costará $45
millones, y demás, se olvida que miles de santiagueños no alcanzan a cubrir sus
necesidades básicas ni se verán beneficiados por las faraónicas obras. Se
olvida, ante todo, que fue elegido para velar por las necesidades de todo el
pueblo, no sólo de los intereses económicos propios y de empresarios.
“Que, ambas instituciones comparten objetivos y la voluntad
de aunar esfuerzos para agregar valor a la función científica, social, cultural
y recreativa en nuestra comunidad”, expresa una parte del convenio firmado por
Gerardo Zamora y Natividad Nassif.
La pregunta es ¿Cuáles objetivos? ¿El de seguir sin escuchar
a los santiagueños y destruir nuestro patrimonio natural?
Sería bueno que el señor gobernador diera una respuesta
coherente y no nos siga mintiendo con el valor agregado del turismo, cuando
sólo hace falta salir de la ciudad para observar la profunda pobreza en la que
viven familias enteras, sin agua potable, sin calles, sin trabajo, y esa
realidad no se revertirá con “embellecer la ciudad”.
Pareciera que las autoridades provinciales y de la casa de
altos estudios tienen como leitmotiv la famosa frase atribuida a Maquiavelo “el
fin justifica los medios”.
Señores gobernantes y funcionarios pensaron que ¿podría
ocurrir que alguna institución decida tomar la posta de la lucha contra este
atropello a la Constitución Nacional y la autonomía universitaria y llevar el
tema a la Suprema Corte de Justicia? ¿Podría ser declarada la
inconstitucionalidad de la ley 7086 si alguien denuncia penalmente a las
autoridades de la UNSE (rectora, vicerrector, Consejeros) por incumplimiento de
deberes de funcionario público, al no defender el patrimonio del Estado y
decidir acatar una ley que ellos antes reconocieron como inconstitucional?
¿Podría pasar que el próximo año soplen otros vientos en
Santiago y los que hoy se sienten impunes y protegidos pierdan esa condición y
tengan que rendir cuentas a la Justicia?
Quizás en tiempos no muy lejanos tengamos respuestas para
estos interrogantes.
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