Por Miguel Bonasso
En este gobierno, los que no mienten descaradamente se
limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir
la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a
monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita:
es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría.
Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos
necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras
aumentan el desmonte de los bosques nativos.
La deforestación es más alta que antes de la sanción de la
ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los
terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas
de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación
de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades
campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.
En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo
que declarase la “emergencia forestal
nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta
tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en
un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70%
de sus forestas originarias.
Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A
contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta
Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta
en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo
después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.
Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca
se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido
en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento
de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran
totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no
hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó
una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y
de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces
Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del
presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se
destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido
por ley.
A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de
deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan
desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas”
o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de
Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la
frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques
nativos.
Fuente: diario clarín
