jueves, 29 de diciembre de 2016

Lo que dejó el debate por el rol del Conicet: ¿para qué sirve financiar investigaciones en Ciencias Sociales?

Ezequiel Adamosky es doctor en Historia, investigador independiente del Conicet y recibió hace pocos días el premio Houssay por su labor en el área de las Ciencias Humanas. Le fue entregado en la Casa Rosada en los días que estuvo tomado el Ministerio de Ciencia y Técnica por el recorte presupuestario. Aprovechó la ocasión para entregar una carta de respaldo a la protesta, firmada por todos los distinguidos por ese premio; estuvo presente luego en la toma y participó activamente del debate en las redes sociales, contestando ataques que -según demuestra una investigación de la revista de divulgación científica El gato y la caja–  estuvo orquestada, seguramente desde call centers contratados por… Toda esta experiencia le dejó como saldo un tema para seguir pensando y que desarrolla en este artículo: a pesar de los argumentos salvajes y pagos, es necesario explicar a la sociedad por qué financiar estudios sobre Ciencias Sociales.



(Ezequiel Adamovsky, para lavaca)  Durante el reciente conflicto por los recortes de fondos en CONICET, el organismo recibió ataques inéditos en las redes sociales, lamentablemente levantados por la prensa como si se tratase de un “debate”.

Desde Twitter se convocó a la indignación por el hecho de que el Estado estuviera financiando lo que consideraban “investigaciones inútiles”. Con nombre y apellido, se pusieron en circulación títulos de publicaciones sobre temáticas que sonaban irrelevantes, incluso ridículas. Aparentemente parte de ese ataque fue políticamente orquestado. Así y todo, es importante hacerse cargo de los cuestionamientos.

¿Es realmente necesario que los dineros públicos se destinen a estudiar la revista Billiken o el teatro español del Siglo de Oro? ¿Sirve para algo que se investiguen las historietas de Fontanarrosa, las letras de cumbia, las antiguas literaturas escandinavas o la historia rusa del siglo XVIII?

Para entender por qué lo es, es preciso conocer cómo se organiza la producción científica en esas áreas y los modos a veces invisibles en que los saberes que producen impactan en la vida social.

Aquí van algunas claves.

Para empezar, las investigaciones en ciencias sociales y humanidades sirven para muchas cosas bien concretas. Por dar algunos ejemplos: gracias a los geógrafos tenemos mapas y entendemos mejor los problemas de las economías regionales; sin los sociólogos no sabríamos cómo generar estadísticas sobre la pobreza ni cómo realizar encuestas; los antropólogos llevan a cabo una labor indispensable para el desarrollo de políticas enfocadas a los pueblos originarios; sin filósofos no podrían funcionar los comités de ética que debe haber en hospitales y en otras reparticiones públicas, etc. Podrían sumarse numerosos ejemplos a esta lista. Además, las investigaciones y debates que promueven los historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos, etc. con frecuencia proveen ideas, información y conceptos para ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ayudan a pensar los problemas colectivos que enfrentamos y a imaginar maneras más justas de organizar la vida social. Aportan inclusive algunos de los términos que luego se vuelven de uso común. En nuestro país, “populismo” y “clientelismo” –dos conceptos fundamentales de los debates actuales– se pusieron en circulación originalmente entre investigadores, luego fueron retomados por la prensa y finalmente por el público general.

Claro que también hay temas cuya aplicabilidad práctica parece menos evidente, algunos de los cuales motivaron las críticas al CONICET. En el terreno específico de las Humanidades (disciplinas como Historia, Antropología, Letras o Filosofía), las investigaciones del CONICET están en sintonía con lo que los organismos de Ciencia y Técnica hacen en todo el mundo. El CONICET brasileño (CNPq), por ejemplo, sostiene proyectos sobre temas como la filosofía de Kant, los manuscritos jesuíticos del siglo XVIII, la música en Angola o el debate de ideas en la Francia del siglo XVI. En los últimos años, el CONICET británico (el AHRC) financió trabajos sobre la acústica de las cuevas prehistóricas, la homosexualidad en la antigua Grecia, la poesía de Baudelaire o el arte en islas Fiji, entre muchas otras. De hecho, en 2016 el AHRC entregó fondos importantes para que una investigadora inglesa estudie la revista Billiken. Ni en Argentina ni en Gran Bretaña se trata de un absurdo: es la revista infantil más longeva del mundo. Su trayectoria permite entender mejor cómo hemos pensado (y cómo queremos pensar hoy) nuestra relación con los niños y con su educación. Y es también perfectamente normal que se estudien expresiones de la cultura de masas actual, para entender, por ejemplo, cómo se reproducen formas de discriminación de las mujeres o de las minorías étnicas, o cómo van cambiando las identidades nacionales, o el modo en que la cultura global afecta los escenarios locales. El CONICET norteamericano (NEH), por caso, financió a un investigador de ese país para que estudie las canciones de Sandro y la música de Gustavo Santaolalla.

¿Por qué se financian temas que parecen ser tan poco “útiles”? En todas las ciencias, estudiar alguna cosa pequeña y en apariencia irrelevante con frecuencia es un paso dentro de un programa más amplio, cuya importancia no se nota si uno mira solamente esa pieza. Los investigadores solemos ir publicando cada parte por separado, en artículos de revistas especializadas o en congresos, hasta que estamos en condiciones de unirlas a todas en un gran rompecabezas. Por ejemplo, podría parecer que estudiar las historietas de Fontanarrosa es una estupidez. Pero gracias a ello Néstor García Canclini pudo entender cómo funciona hoy la cultura latinoamericana y formular una teoría acerca de la cultura de masas en el escenario global. El concepto de “hibridación” que él desarrolló se estudia hoy en universidades de todo el mundo.

Además, en la investigación científica, buena parte de los descubrimientos y desarrollos se dan “por casualidad”, mientras uno busca entender o estudiar otra cosa. Se calcula que no menos del 30% de los descubrimientos científicos en las ciencias “duras” tienen ese origen. Esas felices “casualidades” se vuelven más frecuentes a medida en que se acumulan más investigaciones, cuyos resultados permiten “atar cabos” y arribar a conocimiento nuevo. En ese sentido, no puede saberse de antemano qué investigación resultará “útil” (o dicho de otro modo, no existe indagación de la que pueda asegurarse que es “inútil”). En las humanidades pasa algo similar. Con permiso del lector, me permito dar un ejemplo personal. Alguna gente conoce mi trabajo sobre la historia de la clase media argentina, una cuestión que (espero) puede juzgarse como no del todo irrelevante. Lo que nadie sabe es cómo llegué a ese tema y de dónde saqué las herramientas para abordarlo. Ciertamente, no fue desde un interés inicial por la historia de la clase media, ni siquiera por la de la Argentina. Sería largo explicar los detalles, pero créanme que desarrollé el interés por ese tema y adquirí la perspectiva y las herramientas metodológicas que me permitieron investigarlo a partir de un proyecto anterior, que indagaba sobre la imagen de Rusia entre los franceses del siglo XVIII. Sobre eso fue mi investigación doctoral. No tengo dudas de que este tema podría haber sido juzgado como “irrelevante” por los tuiteros que atacaron al CONICET. Por supuesto que no lo es, aunque aquí no tenga espacio para explicar por qué. En cualquier caso, sin haber pasado por ese tema, yo no habría concebido mi trabajo posterior sobre la clase media argentina.
Por lo mismo, a veces un rompecabezas no lo arma un investigador individualmente, sino el trabajo colectivo de la comunidad científica. Algunas indagaciones pueden parecer totalmente inútiles y permanecer muchos años sin que nadie les preste atención, para luego alimentar algún descubrimiento innovador. Doy el ejemplo más extremo que conozco. En el siglo XVII el filósofo Baruch Spinoza presentó ideas sobre el modo en que los cuerpos físicos se afectan unos a otros. Mucho tiempo después, a comienzos de nuestro siglo, académicos de diversas disciplinas comenzaron a aplicarlas para entender, entre otras cosas, el modo en que las ondas sonoras afectan al cuerpo humano y la vida social. Lo de Spinoza fue “inútil” durante siglos, hasta que alguien le encontró una aplicación práctica.

Además, incluso las indagaciones humanísticas en apariencia más fútiles nutren también, de manera capilar, el desarrollo cultural del país, sin que se note a simple vista. Alguien podría preguntarse, con justa razón, “¿Me beneficia en algo que haya especialistas en literaturas escandinavas antiguas?”. Aunque pocos lo sospechen, hay una respuesta afirmativa para esa pregunta. Buenos Aires es considerada “capital cultural” de América Latina, entre otras cosas, por los escritores de renombre mundial que tuvo y tiene, por su robusta industria editorial, por sus notables librerías, por ser uno de los polos de innovación teatral más importantes del mundo, por sus museos, por sus debates intelectuales. Esa consideración no sólo es motivo de orgullo para todos los argentinos: el Estado y las agencias de viajes la usan incluso como argumento para atraer turistas. Nada de todo eso existiría sin escritores, artistas, directores de teatro, curadores de museos, críticos de arte e intelectuales. A su vez, su talento no viene de la nada: la gran mayoría de ellos se forma en nuestras universidades, leyendo investigaciones sobre sus respectivas áreas y adquiriendo conocimientos universales. ¿Qué aportó concretamente el saber sobre literatura escandinava medieval? Pocos lo recuerdan, pero Jorge Luis Borges fue un especialista en esa materia, sobre la que dictó clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante muchos años. Borges es mundialmente celebrado como uno de los mejores escritores de todos los tiempos, entre otras cosas, por el carácter “universal” de su literatura. Y los especialistas en su obra concuerdan en que ese carácter viene del amplio conocimiento que él tenía sobre las literaturas mundiales, la escandinava en particular. En otras palabras: Borges no habría sido Borges si no hubiese contado con saberes especializados sobre poesía inglesa o islandesa del medioevo (ámbito al que, además, dedicó algunos de sus cuentos y poemas). Y sin los Borges,  sin Cortázar, sin Beatriz Sarlo, sin Rafael Spregelburd, sin Javier Daulte (por mencionar algunos de los creadores que pasaron por nuestras universidades),  Buenos Aires no sería “capital cultural”.

En los últimos años el Estado destinó a Ciencia y Técnica alrededor de un 0,7% de su presupuesto, lo que supone una inversión proporcionalmente mucho menor a la de los países desarrollados e inclusive a la de muchos de los menos avanzados. De esa porción, el CONICET recibe aproximadamente la mitad (el resto va a otras dependencias). Los que nos dedicamos a ciencias sociales y humanas somos sólo el 22% de los investigadores de CONICET. Y de ese 20%, quienes nos ocupamos de temas propiamente “humanísticos” sin aplicabilidad práctica directa somos a su vez sólo una porción. Los salarios que recibimos, por otra parte, son bastante más bajos que los de los investigadores brasileños o mexicanos (para no mencionar los de los países del hemisferio norte) y suelen ser menores a los de un obrero calificado argentino. Por supuesto que, más allá de todo esto, es nuestra obligación bregar para que nuestras indagaciones tengan toda la transferencia posible a la sociedad que las financia. Y siempre se puede hacer un poco más en ese sentido. Pero los ciudadanos de este país pueden estar tranquilos de que los modestos fondos públicos que recibimos quienes investigamos en disciplinas humanísticas no caen en saco roto. Fuente: www.lavaca.org/

Periodismo transgénico

Es uno de los mayores aparatos mediáticos del país. Cuenta con suplementos de diarios, sitios web, programas de radio y televisión, y hasta un canal que transmite 24 horas al día. Son cientos de periodistas que difunden las bondades del modelo agropecuario en base a transgénicos y agroquímicos. Pero las empresas van por más: lanzaron una campaña mediática titulada “el campo hace bien” y buscan mejorar su imagen en las ciudades. La última: Monsanto inauguró programa en la TV Pública.


Por Darío Aranda

El conflicto por la resolución 125 (2008), las denuncias y pruebas sobre los efectos nocivos del herbicida glifosato, y los cuestionamientos a los transgénicos, entre otros factores, incrementaron las críticas al agronegocios. Las empresas del sector tomaron nota, y además de mantener (y aumentar) la pauta publicitaria para el conglomerado de medios, iniciaron campañas inter-institucionales.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo que debe controlar los agroquímicos (organizaciones de pueblos fumigados, médicos que trabajan con poblaciones afectadas e investigadores de universidades públicas cuestionan al Senasa por su complicidad con las empresas). En mayo pasado realizó una charla para periodistas titulada “Jornada sobre glifosato”. Abordó los “mitos” que hay sobre el herbicida, hizo eje en la “baja toxicidad” y en lo inofensivo que sería si se lo manipulase según lo sugerido por las compañías.

La charla fue organizada junto a Casafe (Cámara de Sanidad y Fertilizantes), conformada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf, Dupont y una decena de empresas productoras de químicos.

Ni siquiera cuidaron las formas: el taller con periodistas se hizo en la misma sede de las empresa de agroquímicos (Reconquista 611).

Buenas prácticas agrícolas (BPA)”, es el término utilizado por las empresas para justificar que con determinados cuidados pueden fumigar con agroquímicos hasta diez metros de las viviendas y no afectar la salud de la población. Esa argumentación es muy cuestionada por las organizaciones de pueblos fumigados, especialistas en derecho ambiental y por los propios ingenieros agrónomos, que sindican como irreal a las BPA.

Las grandes empresas del sector conformaron la “Red BPA”. Sobresalen Aapresid y Aacrea (empresarios-productores del agronegocios, hoy dentro del Gobierno y con gran capacidad de lobby), Bolsa de Cereales, CRA, Coninagro, Sociedad Rural, Ministerio de Agroindustria de Nación, Uatre, INTA. Las grandes empresas aparecen camufladas en “cámaras” u ONG: Casafe (Cámara de Sanidad y Fertilizantes) reúne a todas las grandes empresas empresas de agroquímicos: desde Bayer/Monsanto y Syngenta/ChemChina, para abajo. Idéntica situación es la de ASA (Asociación de Semilleras Argentinas), donde dominan las mismas empresas de agroquímicos, y se suman la “nacionales” Don Mario y Bioceres, entre otras. En las ONG sobresale Barbechando (espacio de lobby del agronegocios en el Congreso Nacional) y Fertilizar (impulsan la venta de insumos químicos para el campo).

El campo hace bien”, fue la campaña mediática que lanzaron. Intentan “acercar el campo a la ciudad”; mejorar su imagen. El domingo 4 de diciembre realizaron su primer maratón, en Palermo, bajo la consiga: “El campo hace bien. Hace bien correr”. Impecables remeras blancas, con las tres letras clave (“BPA”) en color celeste y del lado derecho del pecho; y vivos celestes, verde/amarillos (como pequeñas ramas verticales) del lado izquierdo.

Amplia difusión mediática y dudosa concurrencia (ninguna foto panorámica de los corredores).

El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, participó del maratón y subió a Twitter una foto, elongando junto a la ex presidenta de Aapresid (y actual funcionaria de Agroindustria de Nación), Beatriz “Pilu” Giraudo. El hashtag fue: “#ElCampoHaceBien

Suple miento

Clarín publica los sábados el suplemento “Rural”. La Nación sale a la calle con “Campo”. Algunos titulares: “El área de soja certificada crecerá 30 por ciento esta campaña (entrevista a gerente de empresa Syngenta)”. “Se aprobó un nuevo evento biotecnológico en maíz”. “El agro cordobés reclama más obras e infraestructura”. “La soja juega su futuro entre América de Sur y Estados Unidos”. “Premio INTA: los mejores en calidad alimentaria”. “La semilla será protagonista en 2017”.

Una antigua frase define al negocio: “Periodismo es aquello que se publica en los espacios libres que deja la publicidad”.

En los suplementos campestres es muy notorio: publicidades de Dow AgroSciences, YPF, Rizobacter, Syngenta, Expoagro (feria que organizan ambos diarios en sociedad), Don Mario Semillas, Nissan, Bayer, Amarok, entre otros.

No hace falta ser periodista para confirmar la vinculación entre publicidades y notas. Son parte de un mismo modelo agropecuario. No se lee una crítica a las consecuencias: fumigaciones con agroquímicos, desmontes, afecciones en la salud y, mucho menos, a la irregular manera de aprobación de semillas transgénicas ni la carterización del mercado (tres empresas dominan casi el 90 por ciento del mercado: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont).

Simple ejercicio mental: una multinacional tabacalera anuncia el lanzamiento al mercado de un cigarrillo que no afecta la salud. Los periodistas replican la noticia sin siquiera dudar del nuevo producto milagroso.

Monsanto, Syngenta o Dow lanzan una nueva semilla de soja (o maíz). Se utilizará junto a un cóctel de químicos (glifosato, glufosinato de amonio, 2-4D). La publicidad afirma que es más productiva que otras semillas, que no afecta la salud ni el ambiente. Decenas de periodistas reproducen la noticia sin siquiera dudar, mucho menos se preguntan cómo se aprobó esa semillas y, jamás, solicitan los estudios que dan cuenta de la veracidad del discurso empresario.

Por contraposición, cuando aparece algún estudio científico que cuestiona los agroquímicos se les despierta el gen de la mirada crítica y minimizan (o defenestran) al académico en cuestión. En Argentina hay más de cien estudios de universidades públicas (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral, Rosario) que dan cuenta de las consecuencias de los químicos. Nunca fueron tapa de los suplementos campestres.

El caso más grotesco es Héctor Huergo, jefe del suplemento rural de Clarín. Se autodefine en twitter como “relator militante de la segunda revolución de las pampas” y, como muchos “periodistas agropecuarios”, tiene conflicto de intereses entre los temas que escribe y los auspicios personales. Su programa de televisión (jueves a las 22 en Canal Rural) y su sitio web personal (laindustriaverde.com.ar) tiene pauta publicitaria de Pioneer-DuPont, Casafe (Cámara de Sanidad y Fertilizantes, donde están todas las empresas de químicos) y Agrofy (mega-empresa agropecuaria Cresud, del millonario Grupo Irsa).

También es accionista de Bioceres, empresa en la que es socio con referentes de Aapresid (empresario de siembra directa y espacio de lobby político) y con Gustavo Grobocopatel (titular de uno de los mayores pooles del siembra del continente).

Una decena de diarios provinciales tienen suplementos campestres similares y repiten la misma lógica (difusores del discurso empresario) medio centenar de sitio web.

Ciencia go home

Argenbio es la organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer, todas productoras de transgénicos y agroquímicos. Lanzó la campaña “Transgénicos 20 años” (http://www.transgenicos20.argenbio.org). Es un sitio de publicidad transgénicos, aunque con un intento de discurso científico y técnico. Argenbio, junto a la Embajada de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Agroindustria organizaron el seminario “El desafío de comunicar lo que hacemos”, con el objetivo de fortalecer “el potencial de la agrobiotecnología para el desarrollo sustentable y equitativo de la región”.

Según la gacetilla de prensa, “destacados especialistas compartieron su experiencia y brindaron herramientas para optimizar la diseminación de la agrobiotecnología, mejorar la percepción en la opinión pública y contribuir al diálogo fluido entre los distintos actores de la cadena en la región”.
La apertura estuvo a cargo del Secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, quien planteó que la biotecnología aplicada al agro permitirá “aumentar la productividad cuidando el medioambiente”. Pidió “mejorar la comunicación entre sus eslabones y la sociedad”.

   David Mergen, consejero agrícola de Estados Unidos en la Argentina, Paraguay y Uruguay, remarcó que persiste el desafío de “explicar al público los beneficios de la agrobiotecnología para alimentar a una población en crecimiento”.

Participaron los directores de la cámara empresaria Maizar, Martín Fraguío; de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Martín Rapella; la coordinadora de proyectos especiales del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Mónica Pequeño Araujo; funcionarios de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (Conabia –organismo clave en la aprobación de transgénicos) y los equipos de comunicación de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Bolsa de Cereales.

   Locos x la TV

Locos por el campo”, es el nombre del programa que Monsanto, Toyota y Aacrea estrenaron en la TV Pública (en 2015 estaba en América 24). Va los domingos a las 14. Lo conduce Fernando Entín, que se autodefine como “galerista de arte, palermitano”. Y propone “visitar diversos establecimientos para conocer cómo se producen la soja, el trigo, la leche, la carne y el vino, entre otras cosas; conocer los desafíos cotidianos”.

Monsanto (adquirida este año por la alemana Bayer) es la mayor empresa de semillas transgénicos del mundo y creadora del cuestionado glifosato.

Una empresa con intereses específicos en un sector estratégico no puede construir imaginarios sobre el campo en un medio público porque estarán dirigidos a sostener esos intereses (individuales y comerciales), y eso lejos está de los intereses ciudadanos. Esto nos llama a reflexionar acerca del rol de los medios públicos y en particular tratar de entender cuál es la época que se está viviendo en esta materia en la Argentina”, cuestionó Francisco Godínez Galay, del Centro de Producción Radiofónico (CPR), organización dedicada a la producción y a la investigación en comunicación.

Idéntica crítica le cabe a Aacrea, empresarios del agronegocios que, con un discurso “técnico” e intereses particulares (de ganancia y rentabilidad), establecen desde la televisión qué modelo de campo es el deseable para el país.

En primera persona

Matías Longoni ingresó a Clarín Rural en 1998 (proveniente de Telam). Duró un año y medio bajo las órdenes de Héctor Huergo (mandamás del suplemento Rural y con línea directa al cuarto piso, donde están los gerentes y directores). Pasó al “cuerpo del diario”, sus notas sobre temas rurales se publican en la sección política. Es un referente en el periodismo del agronegocios (aunque a él no le gusta ese término para llamar al sector).

Es un caso poco común en el periodismo de diarios porteños. Es una “firma conocida” y al mismo tiempo tiene vida gremial, de asambleas, discusiones paritarias y marchas en la calle junto a trabajadores. En 2012 fue uno de los seis trabajadores del diario que fue elegido delegado gremial. Desde el año 2000, cuando Clarín echó a más de cien trabajadores (incluidos los delegados), la empresa no permitía la organización sindical. Los postulados fueron trabajadores de carrera y con espalda para soportar presiones de la empresa. Longoni denunció públicamente las situaciones laborales en Clarín. Hace pocas semanas aceptó un retiró voluntario de Clarín, luego de 18 años en el diario.

Yo no veo al periodismo agropecuario como vos”, comienza la entrevista que durará 45 minutos.

Nunca sentí que hubiera temas prohibidos para escribir. Lo que falta es involucrarse con el tema, laburarlo, aunque también es cierto que muchas veces no hay estímulos por parte de jefes para ciertos temas”, señala. Y afirma que “entre el 70 y 80 por ciento” de la información agropecuaria la generan “las corporaciones”. Y ahí incluye empresas, Estado y universidades. “Los periodistas somos cada vez menos. A muchos les es más fácil copiar y pegar”, y replicar la información de esas corporaciones.

Sobre las fumigaciones con agroquímicos, se excusa. Dice no escribir porque él no cubre “ambiente”, pero señala que si alguien en la redacción tomara el tema: publicaría, con mayor o menor libertad, pero publicaría.

Afirma que en el suplemento Rural de Clarín sí hay temas vedados. Donde señala que se responde mucho a la pauta publicitaria. “Es totalmente sesgado el suplemento. Además Huergo no es periodista, es un empresario. Tiene negocios en todos lados, muchos son públicos, con los feedlot, con las semilleras”.

Reconoce que muchos medios del agro son más “un folletín de las empresas que periodismo”, y lo compara con el periodismo automotriz: “Está financiado por publicidad de las empresas, que son las que venden tecnología e insumos. ¿Es criticable? Sí y no. Muchos son medios autogestivos que viven de eso, como los que venden corbatas…”. Al instante aclara que sabe que no es lo mismo, pero sostiene el ejemplo: “Son medios que para sobrevivir tienen que subordinarse a la pauta”. Destaca que un contrapeso podría ser el estado, pero de inmediato se contesta: “Para que el kirchnerismo te diera pauta debías entregarle el culo”.

   -Uatre (sindicato de trabajadores rurales) pauta en muchos medios. ¿Compra silencio?

Algunos compran silencios. Otros establecen solidaridades. Saben que tenés un medio y ayudan, como cualquier anunciante que ve que le puede servir para difundir lo suyo”, grafica y aclara: “Ningún periodista está obligado al silencio”.

Reconoce que el periodista agropecuario se siente parte de un sector, por eso tira para ese lado (siempre dentro del agronegocios). Y explica por qué: “El peor de los productores, el más garca, es más rescatable que el mejor de los políticos”.

Defiende al periodismo agropecuario, pero también lo cuestiona. Y lo pone en contexto: “Somos mejores que el periodismo político y económico, donde hay cada uno… Pero en líneas generales sufrimos lo mismo que otros periodistas, la pauta pública y privada que marca agenda, y las malas condiciones de trabajo”. Refiere a la precarización, bajos salarios, multitrabajo. Y resume: “El problema no es el periodismo agropecuario, el problema es el periodismo”.

Longoni sigue en el sector. Conduce (desde hace nueve años), Bichos de Campo (Canal Metro), junto a otros siete periodistas. Se emite los viernes a las 21.30. Entre sus anunciantes están Monsanto, Nitrap (agroquímicos) y Uatre.

Sorpresas desde adentro

Dante Rofi ingresó a La Nación Campo en 1997 y se mantiene en el suplemento. Era el típico periodista agropecuario hasta 2004, cuando estaba en el festival de Cosquín y vio que el folklorista Raly Barrionuevo subía al escenario a doña Ramona Bustamente, abuela campesina que resistía el avance de topadoras de empresarios sojeros. Esa misma noche, León Gieco le dedicó su recital a los campesinos del norte cordobés.

“¿Cómo podía ser que cubría campo y nunca había escuchado de esos campesinos?”, se preguntó. Volvió de vacaciones y comenzó a preguntar por esos campesinos. No tardó en dar con Apenoc (Asociación de Productores del Norte de Córdoba), una de las patas de lo que luego sería el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Comenzó a conocer de otro campo, agricultura familiar, indígenas y también de las consecuencias del modelo de agronegocios: desmontes, desalojos, fumigaciones con agroquímicos.

Ya nada fue igual.

La mayoría de los periodistas agropecuarios se olvida que son periodistas y pasan a ser representantes de las empresas”, resume sobre el sector.

Sobre por qué actúan así, Rofi descarta que sea por ingenuidad.  “Están validando un discurso. Creer que lo hacen por ingenuidad es subestimarlos. Saben muy bien lo que hacen”.

Resalta que en La Nación es clara esa línea que se baja, con editoriales sobre las bondades del modelo y apoyo al glifosato. “Si sos empleado, la lógica es ir por esa línea, no plantear otras posturas, no pensar mucho. Repetís el verso de que el mundo tiene hambre, los transgénicos producen alimentos y cierra por todos lados. Te surgen programas de radio, auspiciantes para el programa de TV, en el diario te quieren. Así la vida es hermosa”, sentencia.

Rofi es cotidiano usuario de redes sociales. En Twitter dejó siempre claras sus posturas de apoyo al kirchnerismo, su fanatismo por Racing y la crítica a algunos editorialistas del diario en el que trabaja. Discutió mil veces con sus pares y jefes. Cuando eran diez en el suplemento (años 2007) y ahora que son sólo cuatro (tres editores y él). “Se enojan cuando decís algo de los agroquímicos. Te saltan con el discurso de las empresas, que no hay pruebas científicas, pero la verdad es que no quieren ver las pruebas”, explica.

Está convencido que muchos periodistas del sector prefieren no conocer. Cita nombres de colegas pero para evitar problemas se pone en primero persona: “Cuando conocés lo que pasa, lo que provoco este modelo de agro, ya no podés volver a ser el mismo. Te cambia la vida”.

Rescata la convivencia con su jefe del suplemento. Saben que piensan distinto, se respetan, conviven. Va a cumplir veinte años en La Nación Campo y sumó trabajo (ad-honorem), dos veces por semana tiene una columna radial en la FM Tierra Campesina, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza. Allí dice todo lo que piensa, del agro y de la política nacional.

La hora de la verdad

Sábado. 6 de la mañana. “La hora del campo”. Conducido por Alejandro Cánepa, se extiende durante tres horas. Comienza con la clásica “Zamba de mi esperanza” y antes del minuto es interrumpida por el auspicio del programa: “Dow AgroSciences”.

Cánepa arranca con buenas noticias: “En su gran mayoría, el campo está arrancando”. Precisa datos del Indec de mayor venta de maquinaria agrícola. Agrega: “Hay pueblos donde la industria metalmecánica toma 30 o 40 personas y es muy importante”.

Picado de noticias breves. Gobierno de Entre Ríos “asistirá” a productores de arroz, Chaco pidió devolución de fondos de tabaco a Nación, Buenos Aires aprobó ley de “feedlots” (engorde de corral –muy cuestionados por el impacto en el ambiente, alimentarlos con transgénicos y abuso de antibióticos–).

La gente en el mostrador quiere cada vez más alimentos de feedlots”, afirma Cánepa en base a ninguna prueba. Paso siguiente, anuncia que hoy hablarán con el presidente de la cámara de empresas de feedlot.

La producción del programa es Gastón Ibañez, columnista Marcelo Pinto y César Tapia (conduce también en Canal Rural el programa de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace).

Cánepa insiste en la mayor venta de maquinaria agrícola. Recuerda que viajó con el presidente de esa cámara de empresas a Estados Unidos, invitado por Aapresid.

Las publicidades a lo largo del programa son de Banco Galicia, Chevrolet, Cooperativa de Seguros La Dulce, Dow AgroSciences, Biogénesis Bagó y una decena de agroquímicos que intercalan frases como “la soja no se mancha” o “estimulante para el campo”, “sabemos cómo proteger tu soja”, y siempre finaliza con un locutor que lee a toda velocidad (como si fuera la letra chica de un contrato) “cuidado, puede afectar la salud y el ambiente”.

El próximo 9 de febrero cumplirá quince años al aire. Cánepa agradece especialmente a Dow AgroSciences y Biogénesis Bago porque lo “acompañan desde el inicio”. Y señala que Biogénesis fue parte de la creación misma del programa.

Mensajes grabados de oyentes. Productor de Chaco pide que se le baje impuestos a las empresas del agro que dan trabajo. Cánepa lo secunda: “Es buena la idea”.

Otro mensaje, sobre la buena producción de trigo y la apertura de mercados internacionales. El conductor comenta: “Macri cumplió con el campo (por baja de retenciones). El campo cumplió con Macri”. Pinto cuestiona que Macri haya calificado su primer año de gestión con un 8. Cánepa replica: “Fue lamentable lo de los últimos diez años. Ahora hay diálogo”. Pinto retruca: el ministro Alfonso Prat-Gay había anunciado 25 por ciento de inflación anual y fueron 40.

Cambio de tema. Agradecen a la empresa de ropa Cardón, que envió tres mates de regalo y viste a Cánepa desde 1990. Informan la apertura de cuatro locales en Paraguay. Pie justo para, con la excusa del día nacional del mate, entrevistar a “la primera sommelier de mate”. Más de 25 minutos sobre los “secretos” del mate y la yerba (tipo de mate, temperatura de agua ideal). Ni una mención a la explotación histórica del primer eslabón de la cadena, los tareferos (cosechadores de yerba). Es una regla en los programas agropecuarios invisibilizar la situación de los trabajadores del agro y mucho menos se cuestiona al sindicato Uatre (Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores), donde Gerónimo “Momo” Venegas se maneja como patrón de estancia. Causalidad, o no, la Uatre coloca mucha pauta publicitaria es los programas del sector.

Música de Abel Pintos, Dúo Coplanacu, José Larralde, Horacio Guaraní. Canciones que hablan de aspectos sociales y que podrían sonar en cualquier peña con público de izquierda.

Cánepa relata que estuvo con las cuatro cadenas de granos (las empresas de soja, maíz, girasol y trigo se reúnen por sector) y el denominador común fue el pedido de una nueva ley de semillas, que saldría en abril/mayo de 2017. No explica que es impulsada por grandes empresas (nucleadas en la Asociación de Semilleros de Argentina, entre ellas Monsanto).

Entrevistan a Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que quiere una nueva ley, pero “no la lay talibán que quieren ASA y Monsanto” (los productores quieren pagar una sola vez, cuando compran la semilla. Las empresas quieren que sigan pagando por varias cosechas luego de la compra).

Explica que, como “gesto de buena voluntad”, las cuatro entidades (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria) viajarán con Aapresid y Aacrea a la sede de la empresa Pioneer en Estados Unidos. Que seguramente se hablará del tema. Celebra que Macri le haya “devuelto la normalidad al sector”.

Cánepa, que también tiene programa en Canal Metro, avisa que son “plurales” y llamarán a ASA y a Monsanto.

La hora del campo tiene competencia. En radio La Red (AM 910, “La Red Rural”), en Rivadavia (AM 630, “Bichos de Campo”), en Mitre (AM 790, “Mitre y el Campo”), entre otros.

También hay tiempo para un médico veterinario que recomienda doble vacunación y antibióticos para los rodeos. Promete que (drogas mediante) no se enfermarán y darán buena producción. El veterinario es de Biogénesis Bagó.

El programa se acerca al fin. Aún hay espacio para dar cuenta de los premios “a la excelencia agropecuaria”, que otorgan el diario La Nación y Banco Galicia. Uno de los premiados, la empresa Red Surcos (de Santa Fe). Entrevista con su presidente, Carlos Calvo. Explica que ganó en la categoría “innovación y desarrollo” porque lograron que el herbicida 2-4D tenga “menor impacto, se volatilice menos y sea más sustentable”.

Cánepa complementa: “¡Qué bueno, hace que no se vuele, cae en el lugar y queda ahí. Qué buena invención. Bien merecido el premio!”.

El directivo de Red Surcos se despide y señala que es un honor ser auspiciante del programa de Cánepa.


Dos minutos para las 9 y el fin del programa. Alejandro Cánepa termina con una oración: “Nuestra señera, virgen de Luján, ayúdanos en nuestras tareas diarios y proyecciones, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen de Luján, en vos confiamos”. Silencio y las últimas tres palabras: “Auspició, Dow Agrosciences”. Fuente: www.lavaca.org

domingo, 18 de diciembre de 2016

Argentina extractiva: el cambio era la profundización

Por Darío Aranda*.


El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de "cambio", mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades  productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz "Pilu" Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, una cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el "uso propio" (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas  (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que "fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: "El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso". Afirmó que se busca "garantizar la investigación, tecnología y productividad". El Ministerio remarcó que "desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas".

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria "es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores".

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de  6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie ("corrimiento de la frontera agropecuaria") implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF --área dedicada a la agricultura campesina e indígena--) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

"Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena", afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el "el glifosato es como agua con sal" y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: "De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro".

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). "La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las  posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad", señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso "debates serios, diálogo" sobre minería y señaló que el problema era la "falta de controles". Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: "Es un lobbista de las mineras".

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

"La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras", resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

"Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí", cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: "Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar".

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: "Muy negativa". Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el "cambio de estrategia" al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, "que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que 'la minería es una actividad productiva'". Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)".

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó  la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó "controles" conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso "dar vuelta la página" en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay --CARU--) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que "Gualeguaychú contamina más". Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido "hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos "utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: "La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó 'UPM no contamina'”.

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM,  que se tramitaron a través de la Comisión. "Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza", afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por "el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve".

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. "La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche", es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

"Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social", denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. "El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche", cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de "armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras". El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la "usurpación" que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

"El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo", denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una "asamblea de asambleas", finalizó con un documento que invita al optimismo: "Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir".

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, media docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: "Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar". No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.



Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional. Fuente: cl.boell.org