El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de
que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un
escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y
Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se
repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que
rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con
situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos
comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de
guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la
integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La
criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales
como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de
megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15
años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este
verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa
María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue
destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico
de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán
desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un
centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero
allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a
Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes
del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron
ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El
Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería
y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a
asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el
objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a
proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que
la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida,
agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción
Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias
de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros.
Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los
presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los
países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades
ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo
lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y
bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el
territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye
el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros
perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas
ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el
capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera
por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las
barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros
transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740
por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003
(en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las
acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un
centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en
noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como
referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas
(de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por
la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números
éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con
la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de
que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un
escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
Escrito por Página/12
