Según la
Justicia Federal, los estudios realizados por el CONICET y por la Universidad
de Buenos Aires (UBA), donde se confirma el impacto ambiental que causa la
empresa minera instalada en Catamarca y que depone sus efluentes en la Cuenca
Salí - Dulce a través del Canal DP-2. La causa ya lleva 14 años en la Justicia.
La Justicia Federal cuenta con
otro estudio surgido desde la órbita del Conicet y la Universidad de Buenos
Aires (UBA), que confirma el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera,
instalada en Catamarca, y que repercute en la cuenca Salí-Dulce a través del
canal DP-2.
El portal de noticias Primera
Fuente da cuenta de las novedades judiciales generadas a partir del informe
técnico, en una nota que fue reproducida por la agencia de noticias
Argenpress.com, donde se señala que “el
Juzgado Federal Nº2 de Tucumán cuenta con un nuevo estudio científico que
ratifica el daño que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca Salí-Dulce. Se
trata de nuevas pruebas que acercan a directivos de la empresa a su
procesamiento en el marco de una causa impune que ya lleva 14 años”.
Al respecto, se informa que “el Instituto de Ecología Genética y
Evolución de Buenos Aires (Iegeba) - dependiente del Conicet y la Universidad
de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal, Fernando Luis Poviña, un
informe en el que se asevera la contaminación con cobre en aguas del canal DP2,
afluente de la cuenca Salí-Dulce”.
La información da cuenta que “el estudio, realizado por profesionales
ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles
guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para
la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la
capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que
consumen la fauna acuática”, agrega.
El informe, cuya fecha es del 12
de agosto pasado, también sostiene que las consecuencias negativas de la
empresa del caso (Minera Alumbrera) “son
marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”.
Por este motivo, la vicedirectora del Iegeba, Inés O’Farrell, quien firma el
estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer
en forma directa el efecto sobre la salud humana”.
Se afirma en la nota que “desde aquí se arrojan los efluentes
aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace
en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca”. En esa oportunidad, a
partir de tomas de muestras, peritos de la UNT corroboraron, según pericias
realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como
selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos son considerados en el
Anexo II de la Ley Federal 24051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”, señala Primera Fuente.
A estas pruebas se le suma la
consulta realizada en julio por Poviña a peritos del Cuerpo Médico Forense de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes manifestaron al magistrado
que “no existen concentraciones mínimas seguras ante la exposición de dichas
sustancias”.
La causa contra Minera Alumbrera
fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio
Ambiente de Tucumán, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la
cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La
investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo
Gómez. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de
mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su
procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable
de violar la Ley 24051 de Residuos Peligrosos. En setiembre de 2009, la Cámara
Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó
que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera,
que aún sigue vigente.
Oportunamente, desde Minera
Alumbrera se afirmó que se cumple con la totalidad de los parámetros
establecidos por resolución Nº030 del Siprosa (mucho más permisiva que la Ley
Federal 24051) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en
Ranchillos. Sin embargo, existen permanentes denuncias realizadas por
organizaciones ambientalistas que dan cuenta de severas afectaciones a la salud
de la población, a partir de estudios médicos y de organismos de seguridad como
Gendarmería Nacional. Fuente: www.elsigloweb.com/
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