A pesar de que el Programa de Reconversión Industrial (PRI)
tiene como objetivo “realizar transformaciones en los procesos industriales con
el fin de prevenir y controlar la contaminación” del río Salí Dulce, la
Auditoria General de la Nación (AGN) detectó que la Secretaría de la que
depende el programa no tenía registros actualizados de la contaminación de las
aguas y que nunca se pidieron los créditos disponibles para llevar adelante el
proyecto.
El PRI es un programa que depende de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y al que se adhieren voluntariamente
las empresas contaminantes del Río Salí Dulce. Su cuenca comprende las
provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca Salta y Tucumán. Ésta
última “cumple un rol fundamental, ya que de allí proviene el agua que abastece
a las otras provincias por las que pasa el agua”, con la excepción de Salta.
Para llevar adelante el programa se firmó en 2006, entre la
SAyDS y la provincia de Tucumán, el Acuerdo Marco para la Reconversión
Industrial (AMPRI) en donde “se establecen los lineamientos básicos y las
funciones de los organismos nacionales y provinciales para su cumplimiento”.
El informe, aprobado en 2012, señala que “de las 90 empresas
que conforman el parque industrial en Tucumán existen más de 20 empresas que
tienen capacidad potencial de contaminar la cuenca”, entre las que se destacan
con mayor poder de polución los ingenios azucareros, la actividad citrícola y
la industria de celulosa y papel.
Sin actualizaciones
La AGN detectó que la SAyDS “desconocía si todas las
empresas cumplían con la instalación de una planta de tratamiento de residuos
líquidos”, conforme a lo que determina la ley y cuyo cumplimiento debía controlar.
La Secretaría tampoco verificó si las compañías del PRI “cuentan con los
correspondientes certificados legales obligatorios, como el de Aptitud
Ambiental y las evaluaciones de estudios de impacto ambiental”. De hecho,
señala el informe, que “las muestras del último registro actualizado del grado
de contaminación del río Salí datan del 2008”.
En junio de 2008, la SAyDS “firmó un convenio con el Banco
de la Nación Argentina para la instrumentación de una línea de créditos
destinada a los programas de reconversión industrial”, con el fin de obtener,
por ejemplo, bienes de capital y obras de infraestructura. Para poder acceder a
él, la Secretaría debe evaluar la posibilidad de realización de cada evento
para luego proponerle al banco el respaldo económico. Hasta el cierre de la
auditoría, en julio de 2010, “todavía no se había implementado la línea de
financiamiento”.
Sobre el seguimiento de las acciones previstas en los
convenios celebrados con las empresas, el organismo de control expresó que era
“limitado y discontinuo”. La información, además, “era parcial y sesgada, ya
que solo reflejaba lo informado por las compañías sin constatación de la
Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable de la Secretaría y las
áreas componentes de la provincia”.
La Auditoría nacional señaló que en los expedientes
analizados durante su visita “no se encontró documento alguno producido por la
SAyDS”. A esta observación los auditores agregaron que “no hay informes que
analicen la viabilidad de las metas propuestas por las empresas o que evalúen
los avances en función de los indicadores y parámetros establecidos en los
acuerdos”. Los documentos que hay “incluyen los porcentajes de avance de las
metas comprometidas y solo una breve explicación sobre medidas atrasadas”, por lo
que resultan incompletos.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
únicamente hizo una verificación de avance a cada empresa durante el 2008. Las
tareas de seguimiento se suspendieron a partir de marzo de 2009, a pesar de que
las firmas continuaron presentando sus informes de avance a la Secretaria de
Medio Ambiente de Tucumán y ésta siguió con sus inspecciones.
Por otro lado, la Dirección en cuestión “fue conducida por
tres directores en 31 meses, donde la gestión actual desconoce las acciones
realizadas por los anteriores en cuanto a los PRI”.
Se desconoce si las firmas tienen plantas de tratamientos de
residuos líquidos.
Los auditores, en su visita a la Secretaría de Medio
Ambiente de Tucumán detectaron que el equipamiento para el laboratorio de la
Dirección de Fiscalización Ambiental tucumana, entregado por la Secretaria de
Ambiente Nacional "nunca pudo ser puesto en funcionamiento porque la
instalación eléctrica no era adecuada". Además informaron que "el
laboratorio no estaba habilitado por la municipalidad".
Durante su trabajo de campo, en el que evaluó el periodo que
va de marzo de 2007 a septiembre de 2010, la AGN le solicitó a la Secretaría
que le informara el listado de causas ambientales administrativas y judiciales
en contra de las empresas adheridas al PRI, a lo que la auditada respondió
“sobre la existencia de cuatro denuncias”. Sin embargo, por procedimientos alternativos,
el organismo de control detecto otras causas iniciadas en las Defensorías del
Pueblo de Tucumán, de Santiago del Estero y de la Nación, sólo por nombrar
algunas.
Industrias contaminantes
Los ingenios azucareros, con o sin destilería de alcohol,
constituyen la principal actividad económica de la provincia de Tucumán con
doce instalaciones. Este tipo de producción es “la mayor contaminante, ya que
genera residuos sólidos y efluentes líquidos y gaseosos”, indicó la auditoría.
Por otro lado, en Tucumán hay instalada una planta
elaboradora de pasta celulosa y papel que, como resultado indeseable del
proceso de blanqueo con cloro, emite grandes cantidades de dioxinas, furanos y
otros compuestos “con características tóxicas para el ser humano”.
En la provincia, que es la segunda productora de limones más
importante, existen siete establecimientos relacionados, en los que se generan
deshechos (cáscaras, semillas, hollejos y gases) que se producen por la
combustión de las calderas que operan con gas y fuel oil. De estas fábricas,
“el principal efluente contaminante es líquido” y está compuesto por ácidos
cítricos, restos de aceites esenciales, entre otros desechos.
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