Una cautelar restableció la calma que matones alteraron en
el límite con Santiago del Estero con servicios del Far West.
Con una medida cautelar, la jueza de Joaquín V. González,
Patricia Rahmer, acaba de ponerle frenos a los alambradores armados que
hostigaron a campesinos de Talavera, en el sur de Anta, durante varios meses.
Estos violentos avances tuvieron uno de los episodios más sangrientos el 1 de
julio, cuando un puestero de La Choya, Sixto Ruiz, se cruzó con extraños que
habían empezado a abrir una picada en esa finca y terminó con un tiro en el
pecho.
Pese al gravísimo estado de Ruiz, quien a duras penas
sobrevivió a aquel disparo a sangre fría, el juez correccional de Metán,
Sebastián Fucho, levantó a los pocos días la medida cautelar decretada en La
Choya. La citada finca tiene más de 3.000 hectáreas atravesadas por el Canal de
Dios, que marca desde 1980 el límite de Salta y Santiago del Estero. Allí una
familia criolla, que encabeza María Guillermo Argañaraz, acredita constancias
de una posesión que se remonta, con cinco generaciones, al siglo XIX. Hace
algunos meses, sin embargo, un empresario santiagueño, Gustavo Marcelo Saad,
empezó a reclamar esas tierras con una escritura de 1960. El acta notarial fue
anexada al pedido por el que Fucho levantó la medida cautelar en La Choya y
habilitó al grupo de alambradores que Saad contrató, el 26 de junio, con el
presunto agresor de Ruiz.
El supuesto autor del disparo es otro santiagueño, José Luis
Palavecino, conocido en la zona por promocionar servicios de “picadas,
alambrados, custodia de campos y desalojos” con tarjetas personales.
El pistolero fue detenido en Monte Quemado, semanas después
del sangriento incidente en La Choya, y sigue encarcelado en Metán, a
disposición del juez Mario Teseyra, por tentativa de homicidio. Acaba de ser
señalado, como el autor del disparo, en una rueda de reconocimiento y su
situación procesal quedará definida de un momento a otro.
Mientras tanto, Argañaraz inició ante el Juzgado de Joaquín
V. González un juicio sumario en defensa de la posesión que comparte con sus
hijos y nietos. En esta causa, la jueza Patricia Rahmer dictó la medida
cautelar con la que prohibió a Saad y a otros demandados avanzar con alambrados
y cualquier otro acto turbatorio en esa posesión. La jueza dispuso la medida
tras un reconocimiento realizado en La Choya y una audiencia de partes. Entre
los demandados a los que se notificó la orden de no innovar hay policías de
Talavera.
Fuente: Eltribuno
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